CSIF denuncia que la propuesta del PSC para reconocer a los funcionarios penitenciarios como agentes de la autoridad excluye injustamente al personal de tratamiento

  • Prensa y Comunicación

9 de apirila de 2025

Barcelona, 9 de abril de 2025.- El PSC presentó ayer en el Parlament una proposición de ley para reconocer la condición de agente de la autoridad al personal funcionario y directivo de los centros penitenciarios que desempeña funciones de régimen interior. El objetivo es dotar de mayor seguridad y protección jurídica a las labores que desarrolla este colectivo.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) valoran positivamente esta iniciativa, pero la consideran claramente insuficiente: excluye al personal de tratamiento, sin justificación jurídica ni técnica alguna.

La tramitación de la propuesta será por lectura única, un procedimiento rápido que limita el debate parlamentario y reduce las oportunidades reales de corregir este error, aunque formalmente se puedan presentar enmiendas.

De hacerse efectiva esta proposición dejaría desprotegidos a estos trabajadores ante cualquier incidente, ya que no gozarían de la protección legal reforzada que supone ser considerado autoridad, ni tendrían derecho a ser indemnizados por los daños sufridos.

Incoherencia política y desprotección laboral

Resulta llamativo que el propio partido que impulsa esta iniciativa, el PSOE, defienda en el Congreso de los Diputados una postura distinta: allí sí se tramitan dos propuestas que reconocen como agentes de la autoridad a todos los funcionarios penitenciarios, incluido el personal de tratamiento.

Desde CSIF denuncian “esta incoherencia política y recordamos que este colectivo ya fue excluido en el acuerdo sobre la jubilación anticipada. Ahora, vuelve a quedar discriminado en el ámbito de la protección jurídica”.

“De mantenerse el texto tal como está, podría darse la situación absurda de que un psicólogo, jurista o educador sea considerado agente de la autoridad en una cárcel española, pero no en un centro penitenciario catalán”.

 

 

Una discriminación incomprensible

CSIF defiende que “la exclusión del personal de tratamiento es tan ilógica que incluso profesionales ajenos al sistema penitenciario, como un vigilante de parquímetros, dispondrían de la condición de agente de la autoridad antes que ellos”.

Además, en los propios centros penitenciarios, docentes, sanitarios y funcionarios de vigilancia sí serían reconocidos como autoridad, dejando fuera a quienes trabajan directamente en la rehabilitación y reinserción social de los internos.

Desde CSIF, exigimos que se modifique la proposición de ley para incluir a todo el personal penitenciario, sin exclusiones, garantizando los mismos derechos y la misma protección jurídica que en el resto del Estado. “El personal penitenciario catalán no puede seguir siendo un colectivo de segunda”.

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