28 de abril: Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, en este 28 de abril de 2025, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, queremos alzar la voz por la defensa de un derecho fundamental que aún hoy no está plenamente garantizado en todos los centros de trabajo: el derecho a una vida laboral segura, saludable y digna.

Este día no es solo una jornada para recordar a quienes han perdido su vida o su salud en el ejercicio de su trabajo, sino también un llamado urgente a la acción, la responsabilidad institucional y la prevención real. Nos impulsa a exigir medidas concretas para revertir las alarmantes cifras de siniestralidad laboral y a construir un futuro laboral basado en la prevención y la responsabilidad compartida.

En el sector público, cada día miles personas trabajadoras arriesgan su integridad en hospitales, colegios, servicios sociales, emergencias, seguridad, centros penitenciarios, oficinas administrativas, limpieza, mantenimiento y tantos otros servicios esenciales. Lo que no se ve, también duele. La siniestralidad laboral no solo se mide en accidentes visibles sino también en todos aquellos accidentes y enfermedades profesionales que no se comunican. Los riesgos psicosociales, la sobrecarga crónica, el estrés continuo, dificultad para conciliación, el acoso, las agresiones a profesionales o la exposición a agentes biológicos o tóxicos siguen siendo invisibilizados y normalizados. Y en muchos casos, son consecuencia directa de una infrafinanciación estructural, de recortes de personal, de la falta de protocolos de prevención efectivos y de una cultura de “resistencia” impuesta a quienes están al servicio público.

Análisis de la siniestralidad laboral en España en 2024

Desde CSIF hemos analizado los datos de siniestralidad laboral publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en el avance de enero diciembre 2024 reflejan una realidad preocupante que no podemos normalizar.

Cada día 3.236 personas trabajadoras se accidentan y 2 fallecen mientras desempeñaban su labor o en el trayecto al trabajo.

En 2024 se registraron 1.181.202 accidentes laborales en España , de los cuales 628.300 provocaron baja laboral. Comparando las cifras con el mismo periodo del año anterior, los accidentes con baja experimentaron un aumento del 0,5% y los accidentes sin baja una disminución del 3,0%.

Dentro de los accidentes con baja, se produjeron 540.314 accidentes en jornada de trabajo y 87.986 accidentes in itinere. La variación en relación al mismo periodo del año anterior se situó en el 0,1% para los accidentes en jornada y en el 3,1% para accidentes in itinere.

En cuanto a la desagregación por sexo, el 71% de los accidentes en jornada con baja afectaron a varones y el 29% afectaron a mujeres.

Más grave aún es el dato de 796 personas fallecidas en accidentes laborales, lo que supone un incremento del 10,4% respecto a 2023, con 75 víctimas mortales más. Las principales causas principales de accidentes mortales son:

• Infartos y derrames cerebrales: 266 muertes, lo que muestra también un elevado riesgo de estrés laboral.
• Atrapamientos, aplastamientos y amputaciones: 99 muertes.
• Accidentes de tráfico durante la jornada laboral: 96 muertes.
• Golpes y caídas: 94 muertes.

Respecto a los accidentes in itínere se sucedieron 87.986 con baja, suponen un aumento del 3,1% respecto del año anterior y 150 fueron mortales, aumentando también en 7,1% por 10 fallecimientos más respecto a 2023.

El análisis de estos datos revela que la reducción de accidentes en algunos sectores no se debe a mejoras sustanciales en la prevención, sino a cambios estructurales en el empleo, como el aumento de ocupaciones en sectores de menor riesgo y la reducción de la temporalidad. Sin embargo, las ocupaciones manuales y de baja remuneración siguen concentrando la mayor incidencia de accidentes, mientras que los riesgos psicosociales, como el estrés laboral y la intensificación del trabajo, están en aumento, especialmente en el sector público, donde la sobrecarga de trabajo y la falta de recursos son problemas recurrentes.

En las actividades del sector público recogidas en las Estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que corresponde a la sección de actividad de Admón. Pública, Defensa y S. Social, Educación y Actividades Sanitarias y de servicios sociales, los datos también son inquietantes.

Los servicios públicos registraron 71.798 accidentes laborales, reduciéndose en un 2,85% respecto a 2023, de los cuales 48 resultaron mortales, lo que supone un incremento en 7 empleados públicos más fallecidos que en 2023. Estas cifras evidencian que, incluso en entornos teóricamente más regulados como la administración pública, persisten riesgos significativos que requieren atención urgente.

En los últimos años, CSIF ha solicitado para varios colectivos del sector público la aplicación de coeficientes reductores para adelantar su edad de jubilación, alegando condiciones laborales especialmente penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres, entre los que destacan los profesionales de la sanidad, bomberos forestales y agentes medioambientales.

Enfermedades profesionales

Las enfermedades profesionales en España han mostrado una tendencia al alza en los últimos años, reflejando deficiencias en la prevención y en el reconocimiento de patologías laborales. Pero la infradeclaración de enfermedades profesionales sigue siendo un problema estructural. Muchas patologías relacionadas con el trabajo, especialmente las de origen psicosocial o derivadas de exposiciones prolongadas, no se reconocen como tal es, lo que invisibiliza el verdadero impacto de las condiciones laborales en la salud de las personas trabajadoras.

Existen múltiples causas de la mínima notificación de enfermedades profesionales como pueden ser dificultad de demostrar la causalidad entre la enfermedad y las exposiciones laborales, un cuadro de enfermedades profesionales desactualizado, tanto en patologías como en actividades laborales relacionadas, la descoordinación entre los servicios públicos de salud y las mutuas a la hora de diagnosticar y comunicar una enfermedad de origen laboral o la falta de formación entre los profesionales expuestos, etc.

Según los datos disponibles, en 2024 se comunicaron un total de 29.716 enfermedades de origen laboral, de las que 26.993 con partes comunicados de Enfermedades Profesionales en CEPROSS (comunicación de enfermedades profesionales en Seguridad Social) y 2.723 enfermedades computaron como accidentes de trabajo en PANOTRATSS (Patologías no Traumáticas Causadas o Agravadas por el Trabajo).

De los 26.993 con partes comunicados de Enfermedades Profesionales, fueron con baja 11.554 (43%).

Estos datos evidencian una tendencia creciente en el reconocimiento de enfermedades profesionales, aunque persisten desafíos significativos en su notificación y diagnóstico, puesto que solo son 60 enfermedades por contingencia profesional más que en 2023.

Respecto a los grupos de enfermedad profesional, el 81% (20.980 casos) fueron causados por agentes físicos del Grupo 2 sobre patologías conocidas como trastornos musculoesqueléticos, (TME) seguidos por 6,4% de agentes biológicos Grupo 3 (1.721) y 5,6% de enfermedades de la piel del Grupo 5 con 1.517 partes.

Respecto al Grupo 6 sobre agentes cancer ígenos con un 0,4% sólo se comunicaron 106 partes de enfermedad profesional de los cuales 33 fueron con baja, un año más en CSIF denunciamos la infradeclaración en nuestro país del cancere de origen laboral consideramos que las cifras no son representativas de la realidad.

En España, el cánceres una de las principales causas morbi-mortalidad, ya que suponen el 26,5% de los fallecimientos en 2023 (115.889). El número de cánceres diagnosticados en España en el año 2024 se estima en 286.664 casos de los que 161.678 son en hombres y 124.986 en mujeres, según los cálculos de REDECAN (Red Española de Registros de Cáncer), lo que supone un incremento del 2,6% respecto al año anterior (279.260) y que según han adelantado en el Informe “Las cifras del cáncer en España 2025 por SEOM (Socied ad Española de Oncología Médica) se incrementará en otro 3,3%.

Respecto a la diferencia de enfermedades profesionales por sexo, en mujeres se comunicaron 15.439 (54% del total) y en hombres de 11.554 (46%).

A pesar del incremento en el reconocimiento de enfermedades profesionales en España, persisten desafíos significativos relacionados con la infradeclaración, la burocracia y la falta de actualización del marco normativo. Es esencial una reforma integral que aborde estas cuestiones y garantice la protección de la salud de los trabajadores, y desde CSIF exigimos:

• Actualización del Cuadro de Enfermedades Profesionales, con nuevas patologías y actividades laborales relacionadas, incluyendo las relacionadas con los riesgos psicosociales, y agentes que generan el cáncer de origen laboral, entre otros.
• Mejora en la Notificación y Diagnóstico: Facilitar el proceso de reconocimiento de enfermedades profesionales y reducir la burocracia asociada. Así como, desarrollar formación dirigida a los facultativos del SNS sobre el diagnóstico de sospecha de cáncer de origen laboral para potenciar la comunicación de casos.
• Crear un registro nacional de personas trabajadoras expuestas a agentes cancerígenos para facilitar la vigilancia postocupacional una vez finalizada su vida laboral. Así como, establecer programas de vigilancia postocupacional por la Administración Sanitaria.
• Promoción de la Salud Laboral: Implementar programas de vigilancia de la salud que incluyan la perspectiva de género y edad.

La siniestralidad laboral es un indicador clave para evaluar las condiciones de trabajo y la seguridad en el entorno laboral. En el caso de los empleados públicos, la gestión de la siniestralidad y la mejora de las condiciones de trabajo son fundamentales para garantizar su bienestar y la eficiencia de los servicios públicos.

Es necesario un compromiso mayor por parte de la administración para garantizar un entorno de trabajo seguro, tanto en términos de salud física como mental.

En los últimos años, la digitalización y los cambios en las condiciones laborales debido a la pandemia y sus secuelas también han influido en los tipos y la frecuencia de los accidentes. Además, la escasez de personal en algunos sectores y la sobrecarga de trabajo son factores que aumentan los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo.

La seguridad y la salud en el trabajo no son negociables. Cada accidente, cada enfermedad profesional, cada vida perdida es un fracaso colectivo que nos interpela a todos: gobiernos, administraciones, empresas, sindicatos y personas trabajadoras.

En este Día Mundial, hacemos un llamamiento a la acción conjunta para revertir las cifras de siniestralidad y construir un modelo laboral que priorice la salud, la dignidad y el bienestar.

Desde CSIF exigimos al Gobierno y administraciones competentes las siguientes medidas de forma urgente:

• Reformas legislativas: la actualización de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales que se adapte a la nueva realidad del mundo laboral, ampliación del cuadro de enfermedades profesionales incluyendo patologías relacionadas con trastornos mentales y aprobación de un real decreto de riesgos psicosociales que ayuden al cuidado de la salud mental.
• Regulación de la carga de trabajo de los servicios de prevención, estableciendo ratios mínimas de profesionales que se ajusten a las necesidades para una gestión integral preventiva.
• Dotar de crédito horario específico para el delegado de prevención, ya que donde existe presencia sindical se garantiza mayor seguridad y salud.
• Fortalecimiento de la Inspección de Trabajo y seguridad social, para aumentar los recursos destinados a campañas específicas, asesoramiento y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
• Protocolos eficaces contra la violencia en el trabajo y el acoso en cualquiera de sus formas, especialmente en los colectivos más vulnerables como sector sanitario, docentes, prisiones y servicios sociales.
• Incorporación de profesionales de psicología en los Servicios de Prevención, así como mediadores para la gestión de conflictos.
• Endurecimiento de las sanciones en materia de prevención, incluida a la propia administración en sus incumplimientos.
• Integración de la edad, diversidad generacional, y perspectiva de género.
• Potenciar la formación en PRL e incluirla como obligatoria en grados universitarios y sistema nacional de cualificaciones profesionales.
• Mayor protección ante los riesgos ligados a la digitalización y la Inteligencia Artificial.
• Actualizar los equipos de trabajo y mejorar las condiciones de seguridad en los entornos laborales para reducir la siniestralidad.
• Mayor protección frente al cambio climático con protocolos específicos que deben integrarse en los planes de prevención, especialmente para quienes trabajan al aire libre.

Por una cultura preventiva real, no simbólica. No podemos permitir que la seguridad en el trabajo sea solo un eslogan una vez al año. Exigimos una cultura preventiva transversal, con voluntad política, con recursos suficientes y con participación real de los trabajadores y sus representantes.

Y en la memoria de los que ya no están, reivindicamos con más fuerza que ninguna muerte o enfermedad derivada del trabajo debe ser el precio de trabajar.

Este 28 de abril, decimos alto y claro en nuestro lema: No es un juego es nuestra vida. Si incumples eres responsable.