CSIF condena la agresión sufrida por tres profesionales sanitarios en el Hospital Valle del Guadiato

CSIF expresa su más firme condena y repulsa a la agresión sufrida el pasado 27 de septiembre por parte de tres profesionales sanitarios, un enfermero, una médico y una enfermera, del Hospital Comarcal Valle del Guadiato, por parte de una usuaria. El sindicato reclama a la Delegación Territorial de Salud y Consumo que incremente las medidas de seguridad en los recintos sanitarios ante el elevado número de los ataques, tanto físicos como verbales, que sufren los profesionales, así como un aumento del personal en atención primaria y en los centros hospitalarios para evitar estos desagradables episodios.

El sindicato recuerda que, según los datos oficiales publicados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), en 2022 se registraron 133 agresiones en Córdoba, 7 de ellas de carácter físico, y 126 de naturaleza verbal. La responsable del Sector de Sanidad de CSIF Córdoba, María Maestre, destaca que “es urgente una mayor dotación de personal en los centros para evitar los episodios conflictivos que se producen ante colapsos en el sistema sanitario por un incremento de la atención a los usuarios y de la sobrecarga asistencial”.

CSIF reclama al SAS que el nuevo Observatorio de Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz ofrezca información concreta de la gestión de los centros sanitarios en el momento que se produce la agresión al trabajador o trabajadora. 

Además, “lamentablemente muchas agresiones que se producen todos los días no se comunican y por ello no se reflejan en la estadística”, explica Maestre, quien detalla que “esto último se produce habitualmente por miedo a represalias del usuario o sus familiares en centros pequeños y consultorios, y otras, porque los propios profesionales de la sanidad están normalizando estas conductas inaceptables, asumiéndolas como algo más, en el día a día de su trabajo”.

CSIF Sanidad Córdoba reitera al SAS su petición de incluir un régimen sancionador en la Ley de Salud Pública de Andalucía, una petición histórica del sindicato y que “seguimos esperando de la Administración sin que hasta el momento tengamos conocimiento del estado en el que se encuentra”.

La central sindical entiende que la Administración debe incoar un expediente administrativo e imponer sanciones adecuadas a los agresores que incluyan además una pena económica, puesto que para el sistema estos episodios de violencia suponen también un alto coste al tener que sufragar servicios jurídicos, daños materiales y las bajas profesionales, entre otras consecuencias. Esta propuesta de CSIF sería una medida disuasoria frente a estas conductas reprobables e intolerables.