CSIF recuerda que nueve años después de la llegada de García-Page como presidente de la Junta continúan vigentes recortes de su antecesora

Con motivo del noveno aniversario de la toma de posesión de Emiliano García-Page como presidente de la Junta de Comunidades tras las elecciones autonómicas de 2015, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) recuerda que en los servicios públicos de la región aún permanecen recortes instaurados por su antecesora en el cargo a pesar de las promesas para su reversión.

El presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Lorenzo Domínguez, sostiene que “año tras año observamos cómo los recortes se cronifican. Es crucial que, como sociedad, reconozcamos el impacto negativo de las medidas implantadas por Cospedal y acabemos con ellas de una vez por todas”.

Entre los recortes que permanecen sobresalen la enorme temporalidad que padece el sector público de la región, que alcanza el 42%; la carrera profesional y una Atención Primaria saturada en el ámbito sanitario; ratios y horario lectivo todavía por encima del curso 2010-2011, justo antes del Gobierno de Cospedal, así como falta de apoyos, y una burocracia desbordante en el ámbito educativo; servicios que se externalizan, delegaciones provinciales con plantillas insuficientes, falta de cobertura de bajas y vacantes del personal laboral de la Junta de Comunidades, así como la eliminación del Plan de Acción Social para el conjunto de empleados públicos.

CSIF también subraya la necesidad de abordar una subida salarial después de que los empleados públicos hayan perdido más de un 20% del poder adquisitivo desde 2010, a lo que se suma la tasa Cospedal, vigente entre los años 2012 y 2017, y agravada por el hecho de que Castilla-La Mancha sufrió la inflación más alta de toda España en los años 2021 y 2022.

En este sentido, CSIF recuerda que el Gobierno regional sólo procedió a implantar una subida salarial en 2019, un exiguo 0,5%, ya que el resto de incrementos han sido de obligada ejecución al tratarse de acuerdos nacionales.

Por último, la Central Sindical también subraya que los porcentajes de población en riesgo de pobreza o exclusión social, que se sitúa en el 31,7% en Castilla-La Mancha, los salarios bajos y por debajo de la media nacional y una elevada siniestralidad son otros de los graves desafíos a los que se enfrenta la sociedad castellano-manchega.

En esta línea, la Central Sindical reclama la restitución de los 43,5 millones de euros concedidos a CCOO y UGT por parte del Gobierno regional para ser destinados a los colectivos más vulnerables, a la creación de empleo estable y de calidad y para el fortalecimiento de los servicios públicos.

CSIF, como primer sindicato en la Mesa General de la Función Pública de Castilla-La Mancha, “tiende la mano al Gobierno para abordar todas las mejoras necesarias y trabajar de manera conjunta por el desarrollo de nuestra región”, concluye Domínguez.