CSIF se manifiesta ante la Delegación del Gobierno para exigir un nuevo acuerdo salarial
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4 de apirila de 2025
La organización sindical inicia un calendario de movilizaciones hasta que el Gobierno se siente a negociar unas nuevas condiciones laborales y económicas que expiraron en 2024

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza en la administración pública de Extremadura, se manifestado este viernes frente a la sede de la Delegación del Gobierno para exigir negociar un nuevo acuerdo salarial para los empleados públicos ya que el anterior caducó el 31 diciembre de 2024.
Benito Román, presidente de la organización sindical en esta comunidad autónoma, ha señalado que con este acto comienza en toda España un calendario de movilizaciones con el fin de forzar al Gobierno a que se siente a negociar las condiciones laborales y retributivas así como la dignificación de la labor que llevan a cabo: “Basta ya, llevamos cuatro meses de este año 2025 sin entablar un diálogo para intentar llegar a un acuerdo con el ejecutivo central y que incluya unos salarios dignos que se corresponda con la realidad que subimos, con la subida del IPC, poniendo fin a la pérdida de poder adquisitivo experimentada en la última década y estableciendo en el acuerdo mecanismos par que esta pérdida no vuelva a producirse en el futuro”.
El presidente autonómico de CSIF ha recordado que, pese a los anuncios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “los empleados públicos siguen sin recibir el 0,5% de la subida salarial correspondiente al año 2024, fruto de un acuerdo de noviembre de 2022 con UGT y CCOO, que no rubricó CSIF porque la pérdida acumulada de poder adquisitivo está ya en el 8,3% y más de un 20% desde los recortes producidos en 2010”. De esta manera, ha señalado que “el Gobierno tiene que dar un paso adelante y retomar, de manera inmediata, la negociación para abordar que los servicios públicos sigan agonizando hasta llegar, de manera inminente, al colapso absoluto”.
Además, esta organización sindical exige la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas, la negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición o la adecuación de los grupos profesionales así como la mejora de las condiciones de jubilación del Régimen General y Clases Pasivas, que debe de otorgar la posibilidad de regulación inmediata para que los funcionarios y estatutarios puedan acogerse a la jubilación parcial”.