CSIF considera que la futura Ley de Función Pública deja pendiente mejoras en retribuciones, permisos y pensiones

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, considera que las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista a la Ley de Función Pública dejan pendientes mejoras significativas en materia de retribuciones, pensiones y permisos del personal de la Administración General del Estado.

CSIF valora algunas cuestiones como la recuperación de la jubilación parcial, tal y como habíamos reclamado en nuestras propuestas de enmiendas, si bien se pierde una oportunidad para equiparar las pensiones de los funcionarios de clases pasivas con las del personal dependiente de la Seguridad Social. Además, la ampliación de la prórroga de la jubilación hasta los 72 años depende de la discrecionalidad de la Administración, que deberá autorizarla caso por caso.

En una primera valoración de las enmiendas presentadas, CSIF echa en falta cuestiones fundamentales como la regulación de la jornada de las 35 horas, o avanzar en la equiparación salarial entre el personal de la Administración del Estado con el del resto de administraciones.

CSIF también critica el pretendido desarrollo de la directiva sobre el Permiso Parental para cuidado de hijo. Las enmiendas del Grupo Socialista consideran que tendrá una duración no superior a ocho semanas de las cuales dos serán retribuidas. Esto es erróneo ya que la directiva marca un permiso de 4 meses, con 8 semanas retribuidas.

 

REUNIÓN CON EL GRUPO SOCIALISTA

El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, Miguel Borra, mantuvo ayer una reunión con el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso para trasladar las prioridades del conjunto de empleados públicos en materia laboral, y los problemas en la asistencia sanitaria en Muface por la no renovación del concierto con las aseguradoras.

El presidente de CSIF, Miguel Borra, aprovechó el encuentro para subrayar al portavoz socialista en la Comisión, José Luis Aceves Galindo, que dichas prioridades pasan por la necesidad de un nuevo acuerdo salarial que permita aplicar una subida automática en 2025, una oferta de empleo público para este año sin tasa de reposición y hacer balance de los procesos de estabilización en las administraciones públicas.

CSIF ha solicitado formalmente al ministro de Función Pública, Óscar López, la convocatoria de la Mesa General de las Administraciones Pública para negociar de manera inmediata la subida salarial. Llevamos perdido más de un 6 por ciento desde 2022 y un 20 por ciento desde la bajada de sueldo de 2010.

CSIF entiende que los salarios de los empleados públicos deben de actualizarse todos los años de manera automática en enero, como ocurre con las pensiones o el salario mínimo interprofesional, con un porcentaje adicional, por encima del IPC, para recuperar el poder adquisitivo.

Además, tenemos que negociar la oferta de empleo público para este año sin tasa de reposición, hacer balance del proceso de estabilización (la temporalidad sigue estando el 28 por ciento, según la última EPA), equiparación salarial entre administraciones, jornada de 35 horas semanales en el conjunto del Estado, adecuación de los grupos profesionales, carrera profesional y mejora en las condiciones de jubilación, regulando de manera inmediata la jubilación parcial para funcionarios y estatua

Respecto a Muface, CSIF comunicó a Aceves Galindo que se siguen produciendo problemas en la atención sanitaria, con la denegación de pruebas, citas e intervenciones quirúrgicas. En este sentido, le hemos confirmado que seguiremos asesorando a los mutualistas para que interpongan las correspondientes quejas por escrito tanto a la mutualidad como a las aseguradoras y posteriormente acompañando a nuestros afiliados en las acciones penales que se deriven. 

Por este motivo, nuestra organización ha reclamado a la Fiscalía General del Estado que investigue estos centenares de quejas, con el objetivo de determinar posibles responsabilidades penales tanto de las compañías como de las personas físicas que pudieran ser autores o partícipes en los hechos denunciados.