CSIF reitera su oposición a que se autoricen sin control nuevas universidades privadas

Aunque desde el Gobierno y las Comunidades Autónomas se señale periódicamente que se "revisarán" y "endurecerán" los criterios para la creación de nuevas universidades, la realidad es que el Sistema Universitario Español sigue contando con 50 universidades públicas (no se ha creado ninguna desde el año 1998) mientras que el número de universidades privadas sigue creciendo exponencialmente y ya alcanza las 44 instituciones.

En los últimos años han proliferado universidades privadas que han solicitado el procedimiento de autorización de sus proyectos en Andalucía, Madrid, Galicia, Extremadura, Canarias y el País Vasco, y que no cumplirían actualmente con los requisitos establecidos en el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades en torno a la oferta de títulos y número de grados, dedicación de un 5% de su presupuesto propio a investigación, número de doctores, 50% de alumnos en grado, producción científica, etc.

Además, el número de alumnos matriculados en los centros privados se ha triplicado en los últimos 20 años (pasando de 115.000 a 345.000), y supone cerca del 30% de los titulados del curso 2020-2021, según el análisis que recoge la monografía del Informe CYD 2021/2022. Y esto ocurre teniendo en cuenta que el coste medio de seguir un curso en una universidad privada multiplica por 5 o 6 el de una universidad pública.

Por otro lado, el volumen de negocio de las universidades privadas y escuelas de negocios se situó en 2.575 millones de euros en 2019, un 5,3% más que en el ejercicio anterior según el último estudio del Observatorio Sectorial DBK. El mayor incremento porcentual se produjo en las universidades no presenciales que crecieron alrededor de un 9%, superando los 300 millones de euros.

Ante su creciente protagonismo, CSIF pide para las universidades privadas los mismos requisitos y exigencias de calidad que para las universidades públicas, no solo en docencia, sino también en investigación, , infraestructuras, instalaciones, recursos económicos, etc. La implantación de nuevos títulos para las universidades privadas no puede responder únicamente a criterios de rentabilidad económica de estas empresas, por lo que hay que anteponer los intereses de la sociedad y evitar duplicidades de titulaciones.

El sindicato pide aumentar los requerimientos exigibles a las universidades privadas en la modificación del Real Decreto, pero también en las futuras leyes regionales de universidades que están pendientes de aprobarse en diferentes Comunidades Autónomas.