CSIF denuncia que la Junta incumple la normativa que obliga a revisar las guardias de los Cuerpos Generales en los Institutos de Medicina Legal de Andalucía

• La central sindical reclama que se incluya este asunto en la mesa sectorial que se celebra el 15 de junio para no perjudicar la atención que recibe la ciudadanía

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical en la Administración de Justicia, ha denunciado a la Dirección General de la Oficina Judicial y Fiscal dependiente de la Consejería de Justicia por no revisar ni aprobar las guardias de los Cuerpos Generales en los Instituto de Medicina Legal de Andalucía (IML), lo que se traduce en el incumplimiento del Decreto 90/2018 por el que se modifica el funcionamiento y organización de los IML.

Dicho decreto obliga en el plazo de un año a revisar las guardias que se realizan en los Institutos de Medicina Legal de Andalucía por los cuerpos generales de la Administración de Justicia. En concreto, afectaría al colectivo integrado por tramitadores procesales, gestores procesales y auxilios judiciales.

El presidente del sector de Justicia de CSIF-A, Manuel Moreno, ha calificado de “lamentable” este incumplimiento de la normativa por parte de la Junta, puesto que “no sólo no se han revisados las guardias en un año, como obliga el decreto, sino que en algunas provincias, como es el caso de Cádiz, Huelva, Jaén y Córdoba, no existen las guardias”.

Desde la central sindical critican la actitud de la Administración de Justicia puesto que “ha hecho caso omiso a los innumerables escritos y peticiones que CSIF ha presentado para solicitar que se cumpla este mandato en Mesa Sectorial”. En este sentido, “exigimos la inclusión de la revisión y aprobación de las guardias de los Cuerpos Generales en los IML en la mesa sectorial convocada para este miércoles 15 de junio y no se ponga como excusa la pandemia por Covid-19”.

Moreno ha mostrado el malestar del colectivo afectado por este grave incumplimiento de la Consejería de Justicia y ha advertido que esta situación está generando que “los propios médicos forenses se vean obligados a realizar tareas administrativas ante la falta de profesionales que puedan atender a la ciudadanía”. El dirigente sindical ha lamentado que “finalice la presente legislatura incumpliendo el mandato del mencionado decreto y el compromiso y voluntad que sobre este asunto ha demostrado en sus manifestaciones la Dirección General”.

La revisión y aprobación de las guardias que reclama CSIF-A supondría, según los cálculos del sindicato, una partida presupuestaria anual de aproximadamente 300.000 euros.

Para Moreno, es incomprensible que se haya atascado esta negociación, imprescindible para dar un servicio público de calidad en los Institutos de Medicina Legal cuando, como se manifestó la semana pasada en el seno de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de 27 de noviembre de 2018, celebrada entre Administración y firmantes del mismo, existe una convicción clara por parte de la Consejería en seguir llevando a término cada una de las clausulas dirigidas a mejorar el servicio público.