CSIF reclama entornos laborales más seguros y medidas eficaces contra la siniestralidad, que dejó 128 accidentes mortales en Andalucía en 2024

• El sindicato pide a administraciones y empresas un mayor compromiso en materia de prevención y anima a los trabajadores a denunciar cuando los medios a su alcance no sean suficientes
• Considera esencial el fomento de una cultura preventiva basada en la formación y la concienciación, así como actualizar y aplicar normativas y protocolos eficaces

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha reclamado entornos de trabajo más seguros y ha pedido medidas concretas y eficaces contra la elevada siniestralidad laboral, que se cobró 128 vidas en Andalucía en 2024, según datos de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (STT), que se conmemora cada 28 de abril, y bajo el lema No es un juego, es nuestra vida. Si incumples, eres responsable, CSIF ha pedido a las administraciones y empresas privadas que adquieran un mayor compromiso en materia de prevención de riesgos laborales para dar cumplimiento a un derecho que aún hoy no está plenamente garantizado en los centros de trabajo como es el de una vida laboral segura, saludable y digna; asimismo, ha hecho un llamamiento a las y los trabajadores para que tomen conciencia de la importancia de realizar un uso correcto de los medios de prevención que les ofrecen las organizaciones y denuncien cuando estos no sean suficientes y adecuados para realizar su trabajo con totales garantías.

En este sentido, la secretaria de Seguridad, Salud Laboral y Formación de CSIF Andalucía, Pilar González, ha subrayado que “esta jornada no solo es para recordar a quienes han perdido su vida o su salud en el trabajo, sino para hacer también una llamada urgente a la acción, a la responsabilidad institucional y a la prevención real”.

La organización sindical ha señalado que el año pasado se produjeron 104.914 accidentes de trabajo, de los cuales 103.680 fueron de carácter leve, 1.106 fueron de carácter grave  y 128 tuvieron resultado de muerte. “Las cifras son alarmantes pues estamos hablando de un aumento de casi el 13% respecto a 2023, aunque bastaría con un solo accidente para confirmar que debemos ocuparnos en un ámbito tan importante como la seguridad en el ámbito laboral”, ha añadido González. Por sexos, los hombres sufrieron el 68,71% de los accidentes y las mujeres el 31,27%. Merecen una mención especial los accidentes de tráfico, que ascendieron a un total de 14.868, de los cuales 34 fueron mortales.

A juicio de CSIF, los poderes públicos tienen la obligación de proteger a los trabajadores y las trabajadoras garantizando entornos de trabajo seguros y respetuosos, así como deben fomentar una cultura preventiva basada en la formación y la concienciación y actualizar y aplicar normativa y protocolos eficaces.

La Central Sindical ha recordado que la siniestralidad laboral no solo se mide en daños visibles, sino también en todos aquellos accidentes y enfermedades profesionales que no se comunican. Los riesgos psicosociales, la sobrecarga crónica, el estrés, el acoso, las agresiones a profesionales o la exposición a agentes biológicos y tóxicos también son riesgos laborales que a menudo se normalizan e invisibilizan y en muchos casos son consecuencia directa de una infrafinanciación estructural, de recortes de personal y de la falta de programas de prevención efectivos.

“En el sector público cada día miles de profesionales arriesgan su integridad por un exceso de trabajo, agresiones de todo tipo en los centros sanitarios y centros penitenciarios, colegios con elevadas ratios y situaciones de conflicto, centros de menores sin seguridad, emergencias sin equipos suficientes, oficinas administrativas saturadas, limpieza, mantenimiento y tantos otros servicios esenciales sin los recursos necesarios para ejercer su labor en unas condiciones óptimas”, ha denunciado González.

Por todo ello, CSIF ha exigido al Gobierno y a las administraciones competentes medidas que permitan reforzar la seguridad y salud en el trabajo. Así, la Central Sindical ha señalado la necesidad de llevar a cabo reformas legislativas como la actualización de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales para que se adapte a la nueva realidad del mundo laboral, la ampliación del cuadro de enfermedades profesionales, incluyendo patologías relacionadas con trastornos mentales, y la aprobación de un real decreto de riesgos psicosociales que ayuden al cuidado de la salud mental.

González también ha señalado la regulación de la carga de trabajo de los servicios de prevención, estableciendo ratios mínimas de profesionales que se ajusten a las necesidades para una gestión integral preventiva, así como la conveniencia de dotar de crédito horario específico para el delegado de prevención, ya que “donde existe presencia sindical se garantiza mayor seguridad y salud”.

El fortalecimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para aumentar los recursos destinados a campañas específicas, asesoramiento y el cumplimiento de la normativa vigente es otra de las medidas que reclama la organización sindical. De igual manera, pide protocolos contra la violencia en el trabajo y el acoso en cualquiera de sus formas, la incorporación de profesionales de Psicología en los servicios de prevención, así como mediadores para la gestión de conflictos.

La Central Sindical ha exigido el endurecimiento de las sanciones en material de prevención, incluidas a las propias administraciones por sus incumplimientos, y la actualización de los equipos de trabajo para reducir la siniestralidad; asimismo, CSIF considera necesario integrar la edad, la diversidad generacional y la perspectiva de género en cuantas acciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales se pongan en marcha. En materia de formación, la organización aboga por incluir la prevención de riesgos laborales como obligatoria en grados universitarios y en el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.

De igual manera, la organización ha reclamado mayor protección ante los riesgos ligados a la digitalización y la inteligencia artificial, así como frente al cambio climático con protocolos específicos que deben integrarse en los planes de prevención, especialmente para quienes trabajan al aire libre.

Por último, CSIF ha exigido una cultura preventiva transversal, con voluntad política, con recursos suficientes y con participación real de los trabajadores y sus representantes, para lo que considera necesario ampliar la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo incorporando a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el sector público y en la empresa privada, lo que implicaría la presencia de CSIF en dicho organismo como sindicato más representativo de las administraciones públicas.