CSIF exige a la Comisión permanente del Consejo que rectifique y se disculpe con los empleados públicos de la Justicia.

CSIF siente tener que publicar esta nota en estos tiempos difíciles para todos. Hasta conocer el contenido de la comunicación del Consejo General del Poder Judicial pensábamos que se podía reconducir la situación. Ayer hacíamos un llamamiento al sentido común de todos… pero está visto que no se pueden pedir “peras al olmo” y nos vemos en la obligación de responder al comunicado del Consejo General del Poder Judicial.

1. En primer lugar, CSIF considera un insulto que se ponga en tela de juicio la profesionalidad de los 50.000 funcionarios de Justicia y mucho menos en tiempo de crisis. En este sentido es lamentable que se utilice el enorme esfuerzo, trabajo compromiso y dedicación del personal sanitario en este país que todos reconocemos para descalificar al personal de Justicia cuando el propio Consejo sabe que la situación de uno y otro sector no es ni mucho menos comparable en una crisis de emergencia sanitaria.

2. En una Justicia del Siglo XXI como a la que aspira el Consejo en sus declaraciones, llama la atención que se sigan utilizando denominaciones propias del feudalismo. Señores y señoras del Consejo los funcionarios/as de Justicia NO SON PERSONAL COLABORADOR como despectivamente insisten en llamarlos. Son Cuerpos nacionales de funcionarios/as, igual que los Jueces, con diferentes funciones, pero igualmente esenciales para que la Justicia funcione cada día y, sobre todo, para que los Jueces puedan poner sus sentencias y dictar sus autos y providencias y hacerlas efectivas.

3. Constituye una grave irresponsabilidad que el Consejo General de Poder Judicial reconozca que no hay medios de protección mínimos para prevenir el contagio y que se empeñen en imponer un régimen de atención presencial al público cuando hay apenas público y asuntos que atender.

En este sentido, CSIF le recuerda al Consejo que la normativa de prevención de riesgos laborales no sólo está en vigor, sino que se ve reforzada por el Real Decreto Ley de declaración del estado de alarma en el que se adoptan medidas de restricción de la movilidad para evitar la propagación de un virus que amenaza con colapsar el sistema sanitario.

4. Dicen en su comunicado que ha valorado el régimen de disponibilidad y localización y que lo rechazan. Mientras no lo expliquen no deja de ser un síntoma de sordera, de autoritarismo y de soberbia.

El régimen de disponibilidad y localización pretende mantener un equilibrio entre la prestación de esos servicios esenciales y preservar la salud personal de los trabajadores para que puedan atender estos servicios y la salud pública que es el fin perseguido por el Real Decreto Ley 8/2020 y lo hace bajo estos parámetros:

• Reducir al máximo el personal expuesto cada día estableciendo una especie de servicio de guardias, reduciendo el riesgo de contagio de acuerdo con el objetivo del Real Decreto Ley expresado por el Presidente del Gobierno en repetidas ocasiones.
• Maximizar los servicios de limpieza acotando las zonas de uso y tránsito así como la seguridad del edificio.
• No incrementar la demanda de productos de higiene y demás materiales de prevención que como bien resalta el Consejo es escaso, no será porque no lo avisó CSIF el 27 de enero mientras el Consejo no decía nada, o se destina a servicios prioritarios en esta crisis. 
• Preservar al personal para cuando realmente se necesite porque, al final, cuando esto suceda si no se toman medidas, casi todos estarán de baja por COVID-19.

Porque una cosa son los servicios esenciales (lo que hay que garantizar) y otra los mal llamados, porque no estamos ante una huelga, servicios mínimos (cómo y por cuantos efectivos se garantizan esos servicios).

5. En consecuencia:

1. es mentira como afirma el Consejo que el régimen de disponibilidad propuesto tenga la intención de desactivar o impedir los acuerdos adoptados por el órgano de gobierno del Poder Judicial.
2. es mentira que el citado régimen propuesto suponga impedir la apertura de los órganos judiciales.
3. es mentira que nadie esté proponiendo el abandono del servicio cuando lo que existe en algunos sedes y edificios judiciales es un riesgo real, inminente y grave para la salud de los trabajadores bien por falta de desinfección o de suministro de medios de protección; bien porque haya casos positivos o sospechosos de positivo.  

6. La triste realidad es que la Administración de Justicia no está preparada tecnológicamente para afrontar una crisis como ésta, pero eso no es culpa de los funcionarios/as de Justicia sino, entre otras causas, por la incapacidad del Consejo General del Poder Judicial durante todos estos años. Y esta chapuza informática ahora se paga en términos de salud personal y de salud pública.

7. La realidad es que la práctica totalidad de Jueces y Magistrados de este país tiene un ordenador y conexión gratuita a internet con protocolos de seguridad para poder realizar su trabajo desde su casa porque las Administraciones competentes, Ministerio y CCAA así se lo han facilitado a petición o bajo exigencia del Consejo General del Poder Judicial.

8. CSIF celebra que parte del personal de Justicia tenga la opción de teletrabajar, llevamos años pidiendo el teletrabajo en la Administración pública, pero lamenta que esta medida no se haya aplicado también al resto del personal de Justicia. Ningún funcionario/a ha tenido nunca esa posibilidad porque nadie le ha dado ni siquiera una calculadora, ni mucho menos el Consejo ha pedido que se les diera un ordenador, una conexión gratuita a internet con protocolos de seguridad.

9. El hecho cierto es que, en el estado actual de las cosas, para que los Jueces puedan trabajar desde casa son los funcionarios los que deben asumir el riesgo de contagiarse y, en consecuencia, de contagiar a sus familias. Porque si no se tramitan los procedimientos no hay ni auto ni sentencia que valga. Y esa es la verdad que hay detrás de la medida del Consejo y no la de prestar los servicios esenciales.

10. Y, otro más, mucho más lamentable que todo esto es que en medio de esta crisis se dedique el Consejo a repartir carnets de buenos y malos empleados públicos, de buenos y malos jueces, como hace en este comunicado y, especialmente, en el apartado 10 de su infame comunicado.