CSIF Justicia Madrid vuelve a denunciar las temperaturas extremas en los juzgados de Plaza de Castilla

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, denunciaba hace varias semanas las condiciones de altas temperaturas en las que trabajaban numerosos empleados públicos de la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid en varias sedes judiciales. Los Juzgados de Plaza de Castilla era uno de esos lugares en los que, con los primeros rigores del verano, se alcanzaron cifras incompatibles con el desarrollo normal de una jornada de trabajo.

Pues bien, a pesar de esta denuncia y de la repercusión que tuvo en los medios de comunicación, la Comunidad de Madrid sigue sin poner fin a este grave problema. La Consejería de Justicia no parece darse por enterada. De hecho, CSIF, en el último Comité de Seguridad y Salud de Justicia de la Comunidad de Madrid, ha pedido activar el protocolo de trabajo con altas temperaturas.

CSIF viene avisando desde hace tiempo que las soluciones que ha adoptado por el momento la Consejería de Justicia no solucionan el grave problema de estrés térmico. Con la instalación de unidades portátiles de refrigeración es imposible poner fin a esta situación. Además, la energía que requieren estas unidades hace que cada dos por tres se produzcan cortes de luz en diferentes zonas de Plaza de Castilla.

Ante este panorama, CSIF Justicia Madrid ha vuelto a dirigir un escrito a Inspección de Trabajo y Seguridad Social donde se registran las altas temperaturas que están sufriendo los trabajadores de Plaza de Castilla. Sin ir más lejos, el Juzgado de Instrucción número 47 ha llegado a alcanzar los 34 grados centígrados.

El futuro no es nada halagüeño: se prevé que las próximas semanas las temperaturas suban de manera considerable, por lo que creemos que de no ponerse remedio a esta situación, CSIF no va a tener más remedio que recurrir, amparándose en la legislación sobre prevención de riesgos laborales, a la paralización de la actividad laboral. La Administración no puede permitir que existan graves casos de riesgo para la salud de sus trabajadores.