CSIF reclama a Justicia instrucciones claras para que los registros civiles apliquen de manera correcta la ‘ley trans’
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1 de martxoa de 2023
- Los Registros Civiles reciben ya las primeras peticiones pero no están preparados para atenderlas: a falta de un día de su entrada en vigor, los trabajadores del Registro aún no han recibido formularios, protocolos, ni formación
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, ha reclamado al departamento de Pilar Llop que facilite a las/os empleados de los registros civiles instrucciones claras para aplicar de manera correcta la Ley para la Igualdad de las Personas Trans y la Garantía de los Derechos LGTBI, conocida como ‘Ley Trans’. Esta ley, aprobada por el Parlamento el pasado 16 de febrero, regula por primera vez la autodeterminación de género y entra mañana en vigor tras su publicación en el BOE.
A menos de 24 horas de que empiece a regir esta norma, los registros ya han empezado a recibir las primeras consultas de ciudadanos interesados en rectificar la mención a su sexo. Sin embargo, las plantillas del Registro Civil aún no han recibido las instrucciones oportunas, los formularios ni la formación necesaria para que, en aplicación de la ‘ley trans’, asistan de manera correcta a las personas que acudan para modificar la anotación de su sexo.
La variación del sexo recogida por la ‘ley trans’ es técnicamente compleja a efectos de Registro y concede al empleado público una participación activa atendiendo las demandas de información y las consecuencias jurídicas.
En el procedimiento, recibida la solicitud, la persona encargada del Registro Civil debe atender a la persona disconforme con el sexo mencionado en su inscripción de nacimiento. En esta comparecencia, el trabajador del Registro Civil debe informar de las consecuencias jurídicas de la rectificación.
En el plazo de tres meses se debe volver a citar a la persona para que ratifique su solicitud “aseverando la persistencia de su decisión”, comprobar la documentación y dictar resolución. Además, en el caso de personas con discapacidad se deben garantizar los medios y recursos de apoyo materiales y humanos, así como medidas de accesibilidad.
En este sentido, el sindicato presidido por Miguel Borra subraya que el plazo de un año que establece la ley para el desarrollo reglamentario es demasiado tiempo.