Continuando su campaña por el Reconocimiento a la labor docente: "CSIF EXIGE LA APERTURA DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN: ASÍ NO PODEMOS CONTINUAR"

El sistema educativo vive en un estado de excepcionalidad continuo desde los recortes producidos en el sector en el bienio 2010-2012, agravando los problemas estructurales que la educación tiene desde hace más de treinta años, como nos indican todos los estudios e índices y sobrecargando al profesorado con cada vez más trabajo y responsabilidad.

 

Estas medidas de recortes se hicieron a través de legislación básica, desde el Gobierno central y en un solo momento. Implicaron una pérdida de poder adquisitivo, de condiciones laborales y una reducción importante de las plantillas de los centros educativos. Así, se aumentó la ratio de las aulas y se eliminaron casi por completo desdobles y refuerzos. En las espaldas del profesorado se cargó la responsabilidad de que el daño al proceso educativo del alumnado fuera el menor posible.

 

En esta coyuntura, se le ocurre a un Gobierno proponer una nueva Ley Orgánica (LOMCE) que, siendo como era de un solo partido y sin acuerdo ninguno, pone a toda la comunidad educativa en contra de ella. CSIF se opone a ella por motivos que no vamos a repetir, pero todos ellos debidos al contenido de la ley y explicados de manera exhaustiva. Así, y una vez más, los docentes tienen que implantar una ley orgánica con todo lo que eso significa, sin creer en ella y con la certeza absoluta de que será modificada en breve tiempo.

 

Cambiado el ministro Wert el Gobierno, comprendiendo el rechazo de su ley, opta por paralizar la implantación de partes importantes de su ley orgánica abriendo una comisión de educación para un posible Pacto de Estado. De este modo, teníamos una ley que basaba todo su sentido curricular en unas pruebas finales que nunca se convocaron, disparando todavía más las diferencias entre las Comunidades Autónomas. Algo muy paradójico pues uno de los objetivos principales de la LOMCE era homogenizar el currículo educativo.

 

Con el cambio de Gobierno, se promete una nueva ley orgánica que todo el mundo espera sea la oportunidad anhelada para mejorar de verdad el Sistema Educativo a partir de las experiencias profesionales y así afrontar la solución de los problemas estructurales. Pues bien, es una nueva oportunidad perdida. Se hace una reforma rápida y sin ninguna negociación: en seis meses pasó por todos los trámites hasta que fue aprobada por el Consejo de Ministros para su paso al Congreso. Hasta en eso fue excepcional, pues se aprobó en la misma reunión de gobierno que anunció la convocatoria de elecciones, haciendo que la ley tardara otro año en su trámite parlamentario en donde, también por primera vez, no se citó a los representantes de la comunidad educativa como se había hecho en todas las demás ocasiones. Viendo el contenido que finalmente salió de las Cortes, CSIF solo puede repetir que es una nueva oportunidad pérdida.

 

Ahora los docentes están implantando la nueva ley con un trabajo ingente de carácter burocrático que en nada mejora la educación de su alumnado. De nuevo el profesorado está decepcionado con el hecho de que no se aporte por parte de la Ley nada que afronte los problemas estructurales y que implican, sin duda, inversión educativa: ratios apropiadas a las necesidades educativas, reducción de horario lectivo y reconocimiento del docente como líder pedagógico.

 

En medio de todo esto, vino la crisis sanitaria del COVID-19, que mostró con crudeza las endebles bases de nuestro sistema educativo: déficit de plantillas, unas instalaciones que no cumplen los requisitos que marca la legislación sobre ventilación y climatización y unos recursos tecnológicos muy mejorables. Se dejó en manos del profesorado la continuidad del proceso educativo y una vez más, no dejemos de recordarlo, cumplió con las expectativas a pesar de los palos en las ruedas de las administraciones. Los refuerzos que llegaron a los centros a través de los fondos europeos, no lo olvidemos tampoco, pudieron haber servido para que se quedaran de manera estructural para paliar parte de los problemas que la Ley Orgánica no hacía. Pues tampoco.

 

Sirvan estas líneas anteriores para poner en perspectiva cuál es la situación del profesorado. Un colectivo que ha soportado unos recortes inmediatos por parte del gobierno central y que ahora escucha que tiene que ir poco a poco por no sabemos qué de la cogobernaza. Un cuerpo docente que ve cómo cambian las leyes educativas sin que nadie haya consultado con sus profesionales qué es lo que necesitan y más bien, los exige responsabilidad sin reconocimiento. Con esta última ley se pone el foco de la formación en cómo tienen que programar y no en poner medidas para enseñar, siendo utilizado todo como un arma política con la certeza de que todo volverá a cambiar una vez lo haga el Gobierno.

 

En definitiva, un profesorado que ve cómo se carga sobre él todo el sistema educativo, con cada vez más burocracia y responsabilidades, sin que nadie parezca escucharlos y reconocérselo. Así hemos querido denunciarlo desde CSIF con un contundente ‘ASÍ NO PODEMOS CONTINUAR’.

 

La nueva norma prometía una ley sobre la función docente, que supuso la presentación en Mesa Sectorial de un documento en el que no hay ninguna mejora y sí halos de sospecha sobre la formación, vocación y preparación del docente. CSIF no aceptó dicho documento ni tan siquiera en su planteamiento. Es necesario un Estatuto Docente donde se establezcan los principios básicos de nuestra profesión. Y lo hicimos con una concentración al Ministerio de Educación y Formación Profesional presentando nuestro Manifiesto de la labor docente.

 

Exigimos acabar con este tiempo de excepción. Así no podemos continuar. Tenemos que estabilizar el sistema educativo, reducir la absurda burocracia, invertir en medidas reales y concretas para mejorar y reconocer la labor docente y profesional.

 

El futuro del sistema educativo depende de ello. Sin un profesorado respetado en todas las instancias y sin unas condiciones adecuadas para impartir enseñanzas no tendremos el sistema educativo que merecemos.

 

ASÍ NO PODEMOS CONTINUAR, por eso CSIF ha presentado sus propuestas en diferentes momentos, de manera coherente, exigiendo una reducción de ratios, mayor inversión en educación pública, reducción de burocracia, equiparación salarial y mejora de las condiciones de trabajo del profesorado. Un Estatuto Docente que blinde legalmente estas condiciones y reconozca sus derechos básicos de su condición de docente y que vienen reflejados en el MANIFIESTO DE LA LABOR DOCENTE.

 

Así debemos empezar a negociar ya para lograr el justo RECONOMIENTO A LA LABOR DOCENTE básico para mejorar nuestro sistema educativo.  

 

 

#CSIFSíTeDefiende

 

 

Madrid, 7 de noviembre de 2022