CSIF exige al Gobierno que proteja la salud de los empleados públicos que se incorporan a sus puestos de trabajo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas ha exigido al Ministerio de Sanidad –como máxima autoridad competente en esta crisis- que se amplíe el criterio para hacer las pruebas PCR y test rápidos para hacer un diagnóstico completo a todos los empleados públicos que se incorporen físicamente a sus puestos de trabajo en las distintas fases y se incluya en los procedimientos establecidos para el COVID-19.

CSIF exige que se realicen los test a todas las empleadas y empleados públicos que se incorporen en cada una de las fases de desescalamiento,  priorizando dichas pruebas a los que se incorporen tras una incapacidad temporal por contagio, hayan tenido sintomatología reciente relacionada con la COVID-19 y aquellas que hayan estado en contacto estrecho con personas afectadas por esta enfermedad, además de las empleadas y empleados públicos pertenecientes a los colectivos definidos como grupos vulnerables para la COVID-19.

Ayer el Consejo Interterritorial del SNS ha consensuado una nueva estrategia de diagnóstico precoz, vigilancia y control, que se inscribe dentro del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, y se realizará a través de la Atención Primaria. El objetivo consiste en dar respuesta a la capacidad de detección precoz, el aislamiento de nuevos casos sospechosos y confirmados, así como la vigilancia y diagnóstico de los contactos estrechos, que constituyen el eje central para poder acometer la fase de transición con las máximas garantías.

Tras la firma del acuerdo suscrito por CSIF en la Administración General del Estado sobre medidas organizativas para acometer con seguridad el proceso de desescalamiento, CSIF considera que es el momento de incluir al conjunto de profesionales que se incorporan a los centros de trabajo en este nuevo plan para ampliar la capacidad de detección precoz, garantizando así la seguridad y salud de las empleadas y empleados públicos y del conjunto de la ciudadanía.