CSIF Extremadura solicita el abono de la deuda del 2% a los empleados públicos en la primera reunión de la Mesa General de Negociación celebrada este lunes.

CSIF Extremadura ha solicitado hoy el abono de la deuda del 2% que arrastra la Junta de Extremadura a los empleados públicos desde el año 2020 en la Mesa General de Negociación de la administración regional con los sindicatos que ha tenido lugar este lunes en Mérida. La constitución de dicha mesa se ha llevado a cabo por primera vez este lunes tras la celebración de las elecciones sindicales celebradas el pasado 1 de diciembre de 2022, donde CSIF consiguió el 46,22% de representación, seguido de UGT con el 28,89% y CCOO, con el 24,89%. Éstas son las tres organizaciones que recibieron el respaldo de los empleados públicos en las urnas para estar representados en esta mesa negociadora.

En su intervención, Benito Román, presidente de CSIF Extremadura, ha felicitado a la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, como nueva presidenta de la Mesa, y les ha deseado lo mejor en sus actuaciones para esta nueva etapa. El objetivo primordial, ha señalado Román, será “implantar entre todos medidas valientes que reviertan en la mejora de las condiciones laborales, sociales y económicas de los empleados públicos”.

Así, el presidente autonómico de CSIF ha puesto en valor que el nuevo gobierno de la Junta de Extremadura haya cumplido con los compromisos que dicha mesa de negociación tenía firmado en la anterior legislatura, entre otras, el reconocimiento y pago de la carrera y desarrollo profesional y, “aunque no estemos de acuerdo con la cuantía”, el abono del 0,5% en la nómina de noviembre con carácter retroactivo de subida salarial desde el mes de enero.

En cuanto a las medidas a poner en marcha en esta legislatura, Benito Román ha conminado a la Mesa a potenciar las plantillas de empleados públicos en cada una de las áreas del ámbito de gestión de la Junta, junto a procesos de estabilización de las plantillas, apostando para ello por un exhaustivo estudio de las necesidades de cada sector y aprobando un calendario de oposiciones riguroso y continuo en el tiempo.

Además, ha abogado el desarrollo de la Ley de la Función Pública, por la elaboración de un reglamento de funcionamiento de los tribunales de los procesos selectivos, potenciando la seguridad jurídica de los miembros de tribunales y aspirantes, en la línea de los acuerdos ya firmados, la potenciación del teletrabajo, la elaboración de un Plan de Igualdad en la Junta de Extremadura hasta ahora inexistente o el abordar de una manera seria y coherente la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos sufrido en los últimos años, con una real equiparación salarial con otras comunidades autónomas.