Por la dignificación de la labor de las/los empleados públicos y la defensa de la negociación colectiva

La protección de los derechos y condiciones laborales de los empleados públicos, la dignificación de la labor que llevan a cabo y la defensa de los servicios públicos para posibilitar una prestación de calidad a los ciudadanos con el fin de garantizar el bienestar social, siempre han sido prioritarios para la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y JUSAPOL.

Por ello, y ante la inactividad de la Administración que imposibilita continuar avanzando en la consecución de estos objetivos, volvemos hoy a movilizarnos para recordarle a la Administración que los empleados públicos no están solos y que CSIF y JUSAPOL se toman muy en serio la defensa del colectivo y de sus derechos.

Las situaciones vividas en los últimos tiempos han evidenciado las deficiencias existentes en el sistema. Las políticas de recortes aplicadas de forma sistemática y continuada por los sucesivos gobiernos sobre los servicios públicos, han derivado en una disminución significativa de los recursos humanos destinados a la prestación de los servicios más esenciales.

Las insuficiencias del sistema, sólo se han salvado gracias a la encomiable labor de las empleadas y empleados públicos, a los que se les ha pedido un esfuerzo en ocasiones sobrehumano, obteniendo de estos una respuesta modélica pese a no tener ninguna responsabilidad en las carencias estructurales de las que adolecen las distintas administraciones.

Nuestros profesionales han procedido a doblar turnos, realizar jornadas interminables, llevarse el trabajo a casa cuando ya no podían permanecer en los centros de trabajo, aportar sus propios medios para poder continuar trabajando, renunciar a la vida familiar y a momentos de ocio, y han sido sometidos a una enorme tensión física y emocional al verse obligados a priorizar, frente a todo, sus obligaciones para con la ciudadanía sin, además, pedir ni recibir nada a cambio por el tremendo sobreesfuerzo realizado.

Es el momento de reconocer su esfuerzo y entrega a las personas trabajadoras de la sanidad, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, a nuestros educadores, a nuestros encargados de mantener la justicia y de proteger a los más desfavorecidos, y a todas aquellas empleadas y empleados públicos que de una manera u otra han contribuido a garantizar la calidad de vida de la ciudadanía. No queremos ser tratados como héroes sino con justicia.

Para ello, es imprescindible, que se reconozca la labor que a diario realizan nuestras empleadas y empleados públicos, empezando por dejar de exigir esfuerzos extraordinarios a los efectivos que prestan estos servicios, mediante la adecuación de las plantillas a las necesidades reales de la sociedad y ejecutar, de una vez por todas, políticas encaminadas a captar el talento para evitar que siga siendo mucho más atractivo marcharse a trabajar al extranjero tras completar una durísima formación que quedarse a trabajar aquí.

Hay que hacer atractivo el empleo público, que se ha demostrado esencial en nuestro país para garantizar el bienestar social. Hay que asegurar que los servidores públicos sean retribuidos con unos salarios dignos que se correspondan con la realidad que vivimos y con el momento actual de la economía, poniendo fin a la pérdida de poder adquisitivo experimentada en la última década y estableciendo mecanismos para que esta pérdida no vuelva a producirse en un futuro.

Las empleadas y empleados públicos no pueden convertirse en chivo expiatorio de una crisis de la que ellos, no sólo no son responsables, sino que además han sido el motor fundamental para paliar sus consecuencias y posibilitar la recuperación.

El deterioro de sus condiciones laborales y retributivas, lejos de solucionarse, no deja de agravarse. Son intolerables los recortes en las prestaciones sanitarias que padecen los mutualistas en los últimos tiempos y que han supuesto la desaparición de centros asistenciales y la suspensión de tratamientos esenciales para la vida de los trabajadores afectados. Venimos a exigir que se realice la inversión necesaria en las Mutualidades para posibilitar una prestación sanitaria de calidad en consonancia con el servicio que estos trabajadores prestan a los ciudadanos.