CSIF Huelva denuncia el déficit de médicos en el Centro Penitenciario de La Ribera en Huelva
- Prensa y Comunicación
30 de urtarrila de 2025
Más del 62% de los puestos de los profesionales sanitarios de la cárcel está sin cobertura en la actualidad
CSIF Huelva pone de manifiesto la situación alarmante en la que se encuentra el Centro Penitenciario de La Ribera, donde solo se cubren tres plazas de médicos de las ocho que indica la relación de puestos de trabajo correspondiente a la cárcel onubense.
Este grave déficit de personal médico, de más del 62 por ciento, afecta "gravemente" tanto a la atención sanitaria de los reclusos como al funcionamiento del centro. “La escasez de estos profesionales impide ofrecer la atención adecuada en tiempo y forma, lo que incrementa los riesgos para la salud y genera una sobrecarga en los pocos profesionales disponibles”, ha denunciado CSIF. A esta carencia se suman las vacantes de enfermeros, auxiliares y las bajas de larga duración que no son cubiertas por la Administración. Este sindicato exige medidas urgentes para cubrir las revisiones periódicas, atender las urgencias y gestionar los tratamientos de enfermedades crónicas, además de mantener el nivel de seguridad requerido en la prisión.
La población reclusa del Centro Penitenciario de Huelva se sitúa en torno a los 1.200 internos, entre los que se encuentra una amplia variedad de patologías que requieren numerosos tratamientos. Debido al estado de salud que algunos internos presentan, la asistencia sanitaria es esencial y muy demandada por el colectivo. Según datos de la Sociedad Nacional de Psiquiatría Legal, uno de cada tres presos sufre algún trastorno mental y según informe general de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, el 4 por ciento de la población reclusa padece un trastorno mental grave.
El Centro Penitenciario de La Ribera ha tratado de hacer frente a estas cifras con la creación de una unidad terapéutica de enfermos mentales que desarrolla el Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales (PAIEM), pero la supuesta solución ha agravado el problema, sostiene CSIF. “Han comenzado a llegar internos con esta tipología a nuestro centro desde otras prisiones del resto de España, lo que demanda una mayor asistencia sanitaria y control. Este tipo de unidades requieren personal especializado, psiquiatras y psicólogos fundamentalmente, y formado para esta tipología de enfermos”, ha denunciado el sindicato. En la misma línea, argumenta: “Los funcionarios de prisiones no son especialistas en enfermedades mentales y no han recibido formación para este cometido. Algunos internos llegados a esta unidad generan conflictos o no se adaptan a su funcionamiento y acaban en otros módulos generando situaciones como la vivida en nuestro centro el pasado septiembre, cuando un funcionario recibió el brutal ataque que le provocó heridas de diversa consideración en la cara y las manos”.
CSIF recuerda que tampoco ha sido efectiva en la cárcel de Huelva la implantación de la telemedicina por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias cuando solo dos médicas prestaban servicio en el centro para dar cobertura las 24 horas del día. En este escenario, los enfermeros asumían funciones fuera de sus competencias. Tras esta etapa crítica, la alternativa fue contratar un médico externo para aliviar la situación, pero ha resultado del todo insuficiente.
A juicio de los responsables del sector de prisiones de CSIF, la raíz del problema y, por tanto, “donde hay que aplicar las soluciones”, está en las ofertas de empleo público para los cuerpos de facultativos. “No se cubren debido a las condiciones laborales que se ofrecen. Un facultativo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) recibe mayores retribuciones que uno que preste sus servicios en Instituciones Penitenciarias, a pesar de las características del empleo. Por ello, demandamos desde CSIF que a igual trabajo, mismo salario”.
En este sentido, denuncia CSIF, continúa pendiente la transferencia a las comunidades autónomas de los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias desde el año 2003, establecido en la Disposición Adicional Sexta (Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del sistema nacional de salud).