CSIF pide a Diana Morant financiación para aplicar la LOSU y poner coto a la precariedad e inestabilidad de las plantillas universitarias

Desde que entró en vigor la LOSU el 12 de abril crece la preocupación por la insuficiente financiación de las universidades. CSIF denuncia que Subirats se marchó sin concretar cómo se hará realidad el compromiso de destinar el 1 por ciento del PIB al gasto público en educación universitaria, ni de dónde van a salir los 3.100 millones de euros necesarios ni tampoco el calendario o las aportaciones por parte de las diferentes administraciones.

A CSIF le preocupa que la LOSU cronifique la precariedad y la temporalidad del Personal Docente e Investigador y del Personal Técnico de Gestión y de Administración y Servicios. La escasa financiación y la tasa de reposición complicará la estabilización (difícil alcanzar una tasa de interinidad del 8% partiendo del actual 40% de temporalidad) y la renovación de las plantillas de PDI y PTGAS.  Sobre este último aspecto, el sindicato recuerda que el 52% de la plantilla de las universidades públicas tiene más de 55 años.

El sindicato independiente señala que el incremento de los costes de personal provocados por la LOSU para el año próximo empieza a ser una losa difícil de asumir por las universidades: U de Burgos (4,5 millones y 116 nuevos profesores), U de Castilla-La Mancha (8,5 millones), U. de León (5 millones y 140 profesores), o las universidades andaluzas que demandan 45 millones y más de 1.000 Profesores Ayudantes Doctores.

Ante este escenario de penuria económica, algunas universidades dudan de poner en marcha las medidas de la LOSU y otras, como la Universidad de Valladolid, optan por masificar las clases y acabar con los desdobles de asignaturas. Craso error para CSIF y apertura de un camino equivocado y peligroso en detrimento de la calidad docente.

CSIF va a exigir a la nueva ministra de Ciencia, Innovación y Universidades que transfiera a las Comunidades Autónomas el coste de aplicación de la LOSU y asignaciones presupuestarias concretas para estabilización, promoción y renovación de las plantillas de PDI y PTGAS. Del mismo modo, demandará a las CC.AA. corresponsabilidad y esfuerzo para incrementar las plazas de Profesor Ayudante Doctor y multiplicar los contratos de Formación de Profesorado Universitario (FPU) y de Formación de Personal Investigador (FPI).

Una de las primeras acciones que tiene también que poner en marcha la nueva titular de Universidades es, para CSIF, la negociación del Estatuto del Personal Docente e Investigador, el primer gran incumplimiento del Gobierno con respecto a la LOSU. El sindicato independiente recuerda que la Disposición final décima de la LOSU establece que “En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley orgánica el Gobierno presentará al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley del estatuto del personal docente e investigador universitario”.

Un Estatuto del PDI que afectará a más de 110.00 profesores e investigadores de universidades públicas y debe configurarse como un marco normativo fundamental para establecer una carrera profesional clara y progresiva, que excluya la precariedad laboral y que promueva como fin último la calidad de la docencia, la investigación y la transferencia. También debe regular temas como el régimen del PDI, sus funciones y dedicación, su modelo salarial, su movilidad, sus procesos de selección, etc.

Para CSIF, Diana Morant tiene que afrontar otros retos claves para mejorar el Sistema Universitario Español como son:

• La reforma y mejora de los criterios ANECA de acreditación del profesorado
• El reconocimiento y cobro de Quinquenios y Sexenios para el PDI laboral temporal
• Poner fin a detraer la cuota patronal a los investigadores de las ayudas “Margarita Salas” y “María Zambrano”.
• Resolver y clarificar el régimen de incompatibilidades en la figura del “Profesor Sustituto”.