CSIF exige al Ministerio que negocie de manera inmediata las reformas procesales y organizativas que están en marcha

Tras el aplazamiento de la puesta en marcha del nuevo modelo de Registro civil en Madrid debido a los fallos del programa y la mala planificación de la formación denunciada por CSIF, hemos vuelto a dirigir al Ministerio para que abra la mesa de negociación, presente el borrador de Reglamento que, en parte, va a afectar a condiciones de trabajo especialmente a las delegaciones de funciones y negocie la estructura del Registro civil.

 

CSIF advierte al Ministerio que la nueva configuración de la figura del Encargado crea un nuevo cuello de botella en el funcionamiento de este servicio público volviendo a caer en errores del pasado menospreciando el potencial de los Cuerpos generales, especialmente, el de Gestión Procesal y volviendo al sistema de delegación/habilitación sin retribución alguna. Asimismo, CSIF advierte del grave perjuicio para los ciudadanos que supone privar a las oficinas colaboradoras con personal de Justicia de su pertenencia a la estructura formal del Registro civil y de vetarles la práctica de inscripciones e instrucción de expedientes, algunos de los cuales ya venían realizando los Juzgados de Paz.

 

Por su parte, CSIF lamenta que, el nuevo modelo, insista en la privatización de parte del Registro civil como ocurre con la práctica de expedientes y celebración de matrimonios por los Notarios, en vez de dotar a los Registros civiles de los recursos necesarios y aprovechar el capital humano existente.  Para terminar con el Registro civil, CSIF seguirá insistiendo en la necesidad de que los Registros civiles tengan más competencias en la tramitación de expedientes de nacionalidad. Las medidas adoptadas hasta la fecha han sido un fracaso absoluto. Es hora de confiar en el personal del Registro civil y apostar por su potencial.

 

En materia de Ley de Enjuiciamiento Criminal miles de funcionarios/as están pendientes sobre qué ocurrirá con sus destinos en los Juzgados de instrucción y con las guardias que perciben en una Administración donde existen pocas oportunidades de mejorar retribuciones ante la nula voluntad de regular la carrera profesional o los obstáculos a la promoción interna.

 

En relación con la ley de eficiencia organizativa y los Tribunales de Instancia, CSIF exige que se abra la mesa de negociación sobre esta reforma organizativa pues afecta directamente a los destinos del personal de Justicia. CSIF rechaza que se pretenda imponer la nueva organización sin negociación previa tal y como se establece en las Disposiciones cuarta y quinta de la ley de eficiencia organizativa. De hecho, ya existen varios pronunciamientos judiciales que obligan a la administración a negociar las relaciones de puestos de trabajo y, en este sentido, ambas disposiciones son claramente ilegales. Además, en términos de eficiencia, es dudoso que la Justicia colegiada sea más rápida que la unipersonal. Se ha aceptado que es así, sin que nadie lo haya demostrado.  

 

En cuanto a las oficinas municipales de Justicia, CSIF rechaza que se las relegue a meras unidades administrativas tal y como se hace en el citado anteproyecto de ley y exige que tengan el carácter de unidades judiciales ya que en el propio anteproyecto de ley se atribuyen a estas oficinas funciones claramente procesales.

 

En relación con el anteproyecto de ley de eficiencia procesal, CSIF critica que se pretenda imponer un modelo de mediación obligatoria que ya fracasó en el pasado. De hecho, en el año 1984 se derogó la obligación de la conciliación previa en el orden civil porque no servía para nada. En estos momentos, el 80% de los asuntos de “clausulas suelo” y similares acaban en demanda porque el sistema de mediación obligatoria que se impuso sólo sirve para retrasar la presentación de la demanda en perjuicio del ciudadano afectado.

 

 CSIF aboga por un sistema de mediación público aprovechando las funciones que, en materia de mediación y justicia restaurativa tienen atribuidos los Cuerpos de la Administración de Justicia. Todo ello sin perjuicio de que, privadamente, como ya se puede hacer ahora, las partes decidan no llegar a juicio llegando a un acuerdo previo.