CSIF tacha de “torticero y poco ético” que el SAS quiera maquillar los datos de agresiones a los profesionales vinculándolas a las retribuciones del personal

• El sindicato lamenta que la Administración apueste por iniciativas  que pueden desincentivar las denuncias y pide que esta medida, impulsada sin consulta previa a los representantes de los trabajadores, se retire inmediatamente

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, primera fuerza sindical multiprofesional en el Servicio Andaluz de Salud, ha tachado de “torticero y poco ético” que el SAS quiera maquillar los datos de agresiones al personal de la sanidad vinculando el registro de las mismas a las retribuciones de los profesionales. Esta acción se incluye en el apartado relativo a la prevención de la violencia contra los trabajadores dentro del Contrato Programa 2025, documento que el propio SAS define como “una herramienta estratégica y operativa que establece las prioridades en las actividades del sistema sanitario”, y en el que el SAS ha establecido un sistema de penalización retributiva basado en cinco indicadores, uno de los cuales es conseguir una reducción del 10% de las agresiones registradas.

El presidente del sector de Sanidad de CSIF Andalucía, Victorino Girela, ha expresado que esta medida, que el sindicato ha pedido que se retire inmediatamente, “no deja en muy buen lugar a la Administración al introducir objetivos cuantitativos en materia de prevención de agresiones y, por tanto, al poner en riesgo la prioridad preventiva de adoptar medidas efectivas para la protección de las y los trabajadores”. En este sentido, el responsable sindical ha añadido que con esta medida “se quiere trasladar a la opinión pública que el SAS está logrando reducir la violencia contra su personal cuando, en realidad, lo que probablemente se reduzca sean las denuncias”.

De igual manera, CSIF se ha preguntado qué ha llevado al SAS a establecer en un 10%, y no en un 5%, un 20% o incluso un 100% el objetivo de reducción de agresiones. “La fijación de este umbral parece arbitraria y carece de un estudio previo o de un análisis basado en datos objetivos que avalen su objetividad”, ha explicado Girela.

Asimismo, la Central Sindical ha resaltado el posible efecto disuasorio en la comunicación de agresiones, ya que la inclusión de objetivos cuantitativos en esta materia va a desincentivar el reporte de episodios violentos. “A los profesionales se les manda el peligroso mensaje de que si comunican una agresión sufrida, ponen en riesgo el cumplimiento de objetivos de su Unidad y, por tanto, pueden tener una merma retributiva”, ha denunciado Girela. La Central Sindical ha reiterado que los episodios violentos, ya sean físicos o verbales, deben ser comunicados siempre para tomar las medidas oportunas; sin embargo, esta medida del SAS podría derivar en una subestimación del grave problema que es la violencia contra los trabajadores y en una falta de medidas efectivas para prevenirla.

A juicio de CSIF, la obligación de garantizar la seguridad y salud de los profesionales recae sobre el SAS, sin que la Administración pueda poner en primer lugar la consecución de objetivos económicos y organizativos, dejando a un lado su deber para con su propio personal. “La introducción de medidas preventivas con consecuencias retributivas supone una externalización indebida de la obligación que tiene el SAS de dar protección y seguridad a las empleadas y los empleados públicos”, ha explicado el presidente del sector de Sanidad de CSIF Andalucía.

De igual manera, CSIF ha lamentado que, una vez más, la Administración no haya realizado una consulta previa a los representantes de los trabajadores en una cuestión que afecta a las condiciones de trabajo, tal y como establece diversa normativa vigente. “El SAS debe garantizar la participación de las organizaciones sindicales y de los representantes de los trabajadores en la elaboración y la revisión de cualquier medida relacionada con la prevención de riesgos laborales”, ha subrayado Girela.

Este jueves se conocía que las agresiones al personal de la sanidad pública andaluza crecieron un 19,3% en 2024, hasta registrar un total de 1.866 episodios violentos durante el año pasado frente a los 1.564 en 2023. CSIF ha reiterado la necesidad de poner en marcha el régimen sancionador anunciado por la propia Consejería de Salud y Consumo hace más de un año y que, sin embargo, aún no cuenta ni con un borrador. De igual manera, CSIF reivindica la creación del Observatorio de Agresiones a Profesionales del SAS, que ya superó el periodo destinado al trámite de audiencia pública sin ninguna noticia posterior sobre su desarrollo, el incremento de personal en la sanidad pública y un refuerzo de la seguridad en los centros sanitarios.