CSIF alerta sobre el riesgo de privatización de la Función Pública con la futura Ley de Simplificación y Agilización Administrativa
19 de novembro de 2024
-Abre las puertas a la participación de empresas privadas, bajo la figura de entidades colaboradoras, en cualquier ámbito de acción de la Administración Pública de Castilla-La Mancha.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, denuncia la privatización que tiene prevista llevar a cabo el Gobierno regional a través de la Ley de Simplificación Administrativa de Castilla-La Mancha, norma que actualmente se encuentra en anteproyecto de Ley a la espera de su tramitación en las Cortes de Castilla-La Mancha.
Aunque el espíritu de la normativa, tal y como indica su título, es la reducción de las cargas administrativas, en su justificación ya apunta que la finalidad es “una mayor eficiencia en las relaciones entre la Administración, la ciudadanía y el tejido empresarial y social de la región” incluyendo la “introducción en la normativa autonómica de figuras de colaboración público-privada”.
El título IV de este Anteproyecto de Ley introduce las figuras de las entidades colaboradoras, las cuales “realizan funciones de comprobación, inspección y certificación en determinados procedimientos y áreas de la Administración regional”, en concreto en las áreas de servicios sociales, sanidad, urbanismo, gestión forestal, calidad ambiental, economía circular, actividad cinegética, patrimonio cultural, promoción empresarial, trabajo, empleo, formación profesional y turismo, así como “cualquier otra materia competencia de la Administración Regional”.
Es decir, cualquier gestión en el ámbito público es susceptible de contar con participación privada, lo que abre la puerta al desmantelamiento progresivo de los servicios públicos.
La Administración regional, además, delega la responsabilidad ante cualquier reclamación de la ciudadanía en las propias entidades colaboradoras, que están obligadas a contratar un seguro de responsabilidad civil por importe mínimo de un millón de euros.
La secretaria de Negociación de CSIF Castilla-La Mancha, Victoria Ortiz, señala que “el Gobierno regional está blindando legalmente una futura privatización de los servicios públicos, estamos hablando de que estas empresas privadas van a llevar a cabo procesos que competen a los propios empleados públicos. En lugar de reforzar las plantillas dedicadas a puntos tan importantes como la sanidad, los servicios sociales, medio ambiente o empleo, entre otros, se permite a empresas realizar actas, informes o certificaciones. Se están quitando funciones a la Administración”.
CSIF luchará para evitar que esta ley suponga la privatización de los servicios públicos de Castilla-La Mancha.