CSIF lleva al Defensor del Pueblo Andaluz el colapso asistencial y el déficit de personal en el Hospital Materno Infantil de Málaga

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, primera fuerza sindical multiprofesional en el Servicio Andaluz de Salud –SAS- en Málaga, ha presentado una queja  formal ante el Defensor del Pueblo Andaluz alertando de la grave situación de colapso asistencial, déficit estructural de personal y las graves consecuencias de esta situación para la salud de los trabajadores y la calidad asistencial a los pacientes en el Hospital Materno Infantil de Málaga, dependiente del Hospital Regional Universitario.

En su escrito, CSIF advierte de una situación crítica en este centro como consecuencia de una gestión ineficaz y una importante falta de recursos humanos que compromete gravemente la calidad de la atención sanitaria. Es una situación que se arrastra desde hace meses y que afecta a todos los servicios y unidades (Pediatría, Ginecología, Obstetricia, Urgencias, Consultas Externas, UCI y Hospitalización) y a todas las categorías profesionales.

Los descubiertos de personal en algunas categorías, como el personal de laboratorio, alcanzan el 60%; y en colectivos como el de administrativos se ha cronificado, afectando al 25%, lo que repercute directamente en la gestión de citas, documentación y atención al paciente. Además, según estima la central sindical, hay alrededor de medio centenar de descubiertos entre la plantilla de enfermería, 16 entre los celadores y 7 en la plantilla de pinches de cocina, así como en categorías cruciales como la de enfermeros especialistas en Obstetricia-Ginecología.

Todos los profesionales sufren una sobrecarga laboral derivada de estos descubiertos y déficits en la plantilla estructural, modificaciones arbitrarias de turnos, imposibilidad de conciliar la vida laboral y familiar y graves consecuencias psicosociales, derivadas de la presión, el estrés y la incertidumbre producto de la mala gestión. Todo ello sin una interlocución transparente con los responsables del centro, a quienes esta central sindical ha remitido reiterados escritos reclamando soluciones y que siguen sin respuesta.

CSIF también ha señalado que los pacientes se ven sometidos a demoras inaceptables, cancelaciones sin aviso y reubicaciones caóticas, lo que vulnera su derecho a una asistencia digna y de calidad.

A este respecto, ha denunciado la utilización de ‘consultas virtuales o ‘teleconsultas’ en Ginecología como posible vía para maquillar las cifras de demora, ya que en las últimas semanas el número de primeras consultas procedentes de Atención Primaria pendientes ha bajado de forma sospechosa sin haberse ampliado agendas ni reforzado plantillas, a la misma vez que han aumentado las citas pendientes de revisiones.

A juicio de CSIF, esta ‘teleconsulta’ podría estar ocultando el incumpliendo del Real Decreto 96/2004 de garantía de plazo de respuesta en el SAS, que establece un plazo máximo de 60 días para las primeras consultas especializadas procedentes de Atención Primaria y de 30 días para procedimientos diagnósticos. Sin embargo, las citas para revisiones de especialista no están sometidas a plazo legal, de hecho, las demoras para una revisión ginecológica en el Hospital Materno Infantil superan el año de espera.

El sindicato también señala que el centro podría estar incumpliendo el plazo legal de 30 días para la realización de ecografías de alta resolución, fundamentales en diagnósticos como la endometriosis. El centro hospitalario no ha habilitado el sistema informático para registrar la petición de la prueba, impidiendo su trazabilidad y contabilización de los plazos. Para reducir las peticiones acumuladas, el número de ecografías diarias se ha triplicado, pasando de 13 a hasta 35 por consulta, reduciendo peligrosamente el tiempo de exploración por paciente y comprometiendo la validez de los diagnósticos. Esto se ha hecho sin aumentar plantilla, forzando a los profesionales a trabajar bajo una presión insostenible.

CSIF ha presentado múltiples escritos, registros y denuncias sin obtener una respuesta efectiva, ya que las medidas adoptadas por la Administración son claramente insuficientes y parecen orientadas al maquillaje de la realidad. Ante esta realidad, ha pedido al Defensor del Pueblo Andaluz que investigue de forma exhaustiva la situación, la gestión negligente por parte del centro y la vulneración de derechos de pacientes y trabajadores.