CSIF recurre el acuerdo firmado entre Función Pública y el comité de huelga de LAJ

En la Administración Pública la negociación colectiva está reglada por una norma de carácter legal y conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la negociación con un comité de huelga no puede suplantar la función que deben ejercer las organizaciones sindicales conforme a la ley.

 

Los artículos 7 y 28 de la Constitución establecen la función de los sindicatos en nuestro país derecho fundamental de libertad sindical que pertenece a cada trabajador, pero que se ejerce de forma colectiva a través de organizaciones sindicales más representativas.

 

Por su parte, en complimiento del mandato constitucional, la Ley orgánica de Libertad sindical (LOLS) y el RD Legislativo 5/2015 que regula el Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), así como su normativa de desarrollo establece la forma en la que el derecho de libertad sindical se puede ejercer por los ciudadanos y otorga el carácter de mayor representatividad a las organizaciones sindicales obtenida tras unas elecciones.

 

Esta “singular posición jurídica” que otorga la LOLS a los sindicatos que alcanzan una representatividad en las elecciones les da acceso a las mesas de negociación ejerciendo el derecho fundamental de negociación colectiva.

 

El Ministerio de Justicia y Función Pública conocen este marco de negociación, de hecho, con Función Pública se acuerda la estructura de la negociación colectiva (mesas de negociación) cada cuatro años y aun así pretenden obviar toda la normativa de negociación colectiva suplantando a las organizaciones sindicales por unas asociaciones opacas que no se presentan a unas elecciones y que se dedican a boicotear los procesos electorales impugnando los censos para dar la impresión de que los “pobres” LAJ no tienen marco de negociación ni de representación, lo que sencillamente es MENTIRA.

 

Pero lo más importante, es que esta actitud supone un recorte al derecho fundamental de negociación colectiva de 45.000 trabajadores a los que se ha excluido de la negociación de un acuerdo que les afecta dada la interrelación entre los diferentes Cuerpos de la Administración de Justicia lo que nos lleva a considerar si no se ha incurrido en algún otro tipo de responsabilidad al pretender llevar adelante este acuerdo, la modificación de la normativa de retribuciones de los LAJ ya está en marcha, sabiendo de que se ha vulnerado un derecho fundamental.  

 

El Gobierno de España tiene un problema en la Justicia, tiene un conflicto con 45.000 trabajadores que exigen un reconocimiento legal y retributivo a las funciones que realmente ejercen, así como un papel relevante en la implantación de los Tribunales de Instancia, empezando por negociar las leyes de eficiencia en lo que se refieren a sus condiciones de trabajo.

 

El Gobierno de España, según dicen ellos mismos, un gobierno progresista y de los trabajadores, ha repartido 22 millones de euros a los Letrados de la Administración de Justicia y ha comprometido 46 millones para Jueces y Fiscales. En total 68 millones de euros para quienes más cobran en la oficina judicial justificados en la implantación de las leyes de eficiencia y los Tribunales de Instancia que nos van a afectar a todos.

 

El desprecio que profesa el Gobierno de España para con los ciudadanos y el servicio público se hace cada vez más patente conforme pasan los días sin que haya una oferta económica encima de la mesa de negociación. 

 

El Presidente y su Gobierno son los únicos responsables del colapso en el que se va a sumir la Justicia en las tres jornadas de huelga previstas para esta semana. Una responsabilidad que desde los sindicatos se la vamos a recordar cada día de la campaña electoral que se avecina.