CSIF considera prioritario acabar con la dispersión de las sedes judiciales en la ciudad de Alicante

El sindicato CSIF ha trasladado a la Dirección General de Justicia la necesidad de acabar con la dispersión de las sedes judiciales en la ciudad de Alicante. El partido judicial de Alicante capital tiene 83 Unidades Judiciales, Fiscales, Instituto de Medicina Legal y servicios comunes, para una población de 390.779 habitantes, según información del Ministerio de Justicia de fecha 10/12/2022, que se encuentran ubicadas en las siguientes 9 sedes judiciales diseminadas por toda la ciudad:

1. Palacio Justicia Benalúa (Avda. Aguilera, 53)

2. Edificio C/Pardo Gimeno, 43 (Edif. Cristal)

3. Juzgado 1ª Instancia nº 5 de Alicante (C/Pardo Gimeno, 55)

4. Registros Civiles 1 y 2 (C/Los Doscientos, 3)

5. Juzgados 1ª Instancia nº 10 (Familia) y nº 15 (C/Los Doscientos, 8)

6. Juzgados 1ª Instancia nº 9 y 12 (Avda. Catedrático Soler, 50)

7. Juzgados 1ª Instancia nº 8 y 13, ambos de Familia (Avd. Catedrático Soler, 43)

8. Juzgado Mercantil 4 (C/Alona, 29)

9. Audiencia Provincial de Alicante (Plaza del Ayuntamiento)

Además, como consecuencia de la próxima creación del Juzgado de lo Penal número 11 de Alicante, al objeto de poder ubicar dicho juzgado y la sala de vistas, y ante la falta de espacio en los principales edificios judiciales, se va a trasladar, casi en su totalidad, el Servicio Común Procesal de Asuntos Generales (SCPAG) desde su ubicación actual en el Palacio Justicia Benalúa (Avda. Aguilera, 53), a un local comercial situado en los bajos de un edificio de la calle de Los Doscientos, lo que aumenta aún más la dispersión de la sedes judiciales en Alicante ciudad con una décima sede.

Para CSIF, dicha diseminación dificulta el transporte de expedientes desde dichas sedes a Fiscalía, servicios centrales administrativos, SCPAG (registro y reparto/actos de comunicación), correos, etc., sobre todo, en aquellas actuaciones de urgencia, en las que los auxilios judiciales y, en otras ocasiones el resto de funcionarios, deben desplazarse entre sedes, con los expedientes para informes de Fiscalía, del Instituto de Medicina Legal, recogida del correo, demandas y otros escritos, actos de comunicación, etc.

Esta dispersión de sedes judiciales, entre otros problemas, pone en riesgo constante, sobre todo, a los funcionarios del cuerpo de auxilio judicial al tener que cruzar varias calles y aceras con carritos de transporte poco adecuados para dichos trayectos, así como, el tiempo que pierden los mismos sin poder realizar otras tareas necesarias en los juzgados.

Así mismo, fiscales y forenses deben desplazarse desde sus respectivas oficinas en el edificio del Palacio de Justicia a las sedes de los Juzgados de Familia para celebración de juicios e internamientos urgentes, lo que demora en muchas ocasiones las actuaciones.

Además, determinados informes se tienen que emitir en Fiscalía de la Audiencia Provincial, como determinadas materias que tramitan los Juzgados de Familia, siendo necesaria la remisión urgente de los expedientes completos para lo que se utilizan taxis, lo que incrementa el gasto de Justicia.

Todo ello también provoca el desconcierto de los ciudadanos que van de una sede a otra porque no encuentran el juzgado al que deben acudir para realizar gestiones, con el consecuente enfado en muchos casos que descargan con el primer funcionario que les atiende.

En cuanto a la Ciudad de la Justicia de Alicante, allá por el año 2010 (18/10/2010) el presidente por entonces de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, anunció en varios medios de comunicación que en febrero de 2011 se pondría la primera piedra de la Ciudad de la Justicia de Alicante.

A día de hoy, si bien es cierto que está en marcha el proyecto de la misma, y ya se han iniciado las obras, lo más significativo es que dicha futura Ciudad de la Justicia de Alicante, después de años y años de espera, es más que insuficiente, no podrá albergar todas las sedes judiciales diseminadas en la ciudad de Alicante. Es decir, deberán mantenerse muchas sedes fuera de la misma y sin previsible espacio en ella para futuros órganos judiciales y fiscales de nueva creación, lo que refleja una pésima previsión por parte de la Administración de unificar en una única Ciudad de la Justicia todas las sedes judiciales, como ocurre en otros partidos judiciales como Valencia, Elche, Benidorm, etc., facilitando las comunicaciones y desplazamientos entre las mismas y reduciendo riesgos, gastos, y tiempo, a fin de mejorar y agilizar la Justicia en la ciudad y el acceso a la misma a los ciudadanos y profesionales.