Los sindicatos CSIF, JUPOL y JUCIL preparan movilizaciones por la dignificación de la labor de los empleados públicos y la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, JUPOL, sindicato mayoritario en la Policía Nacional, y JUCIL, asociación mayoritaria de la Guardia Civil, van a poner en marcha un calendario de movilizaciones por la defensa de los derechos del conjunto de empleados/as públicos.

La escalada de precios que estamos sufriendo en estos últimos meses ha derivado en una inflación que se sitúa por encima del 8%, lo que supone un empobrecimiento generalizado del conjunto de la sociedad, mientras que el Gobierno de la nación ha sido incapaz de aplicar medidas efectivas para contener el alza de los precios.

Durante la reciente crisis sanitaria se ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con unos servicios públicos los suficientemente dimensionados para poder ofrecer a los ciudadanos unos niveles de calidad en la prestación acordes a nuestro Estado de Bienestar.

Las empleadas y empleados públicos, con su profesionalidad, entrega y un comportamiento ejemplar a lo largo de la crisis sanitaria, han demostrado una generosidad y entrega dignas de elogio, garantizando el normal funcionamiento de los servicios públicos a pesar de las difíciles circunstancias vividas y la carencia de personal en el conjunto de nuestras administraciones públicas. Esta actitud ha sido reconocida por la sociedad en su conjunto.

Las cuestiones más esenciales que afectan al conjunto de los ciudadanos se llevan a cabo por servidores públicos, que tienen encomendada tareas tan fundamentales como la protección de la salud, del medio ambiente, la educación, la seguridad, la justicia o la protección de los sectores más desfavorecidos. Así, un Gobierno que defienda el Estado de Bienestar debe recocer y dignificar el trabajo de las y los empleados públicos, su esfuerzo y responsabilidad que cotidianamente llevan a cabo.

Por eso hay que pasar de las palabras a los hechos y el Gobierno no puede rehuir la negociación colectiva con los legítimos representantes de los/as empleados públicos para abordar la situación actual, blindando nuestros servicios públicos y reconociendo la labor que prestamos a la sociedad.

Nuestras empleadas y empleados públicos de la sanidad, enseñanza, Administración General del Estado, Administración de Justicia, autonómica y local, Agencia Tributaria, instituciones penitencias, empresas públicas, cuerpos y fuerzas de seguridad, vieron cómo en el año 2010 se les recortaron sus salarios entre un 5% y un 10% que a día de hoy siguen sin recuperar. A ello hay que sumar las congelaciones salariales de los años siguientes, situando su pérdida de poder adquisitivo por encima del 15% a día de la fecha. En función del grupo profesional al que pertenecen, en la última década, han trabajado gratis entre 15 y 18 meses.

Por otra parte, las últimas reformas de las pensiones, avaladas con la firma de CCOO y UGT han propiciado un incremento en la edad para acceder a la jubilación y un recorte de hasta 8.500 euros si se accede a la jubilación a una edad más temprana de la establecida.

Además, la prestación sanitaria que se recibe a través del mutualismo administrativo se ha visto deteriorada debido al déficit presupuestario con el que se han suscrito los actuales conciertos, de tal manera que ha habido recortes en cuadros médicos, centros hospitalarios, tratamientos, etc. Por este motivo CSIF, JUPOL y JUCIL se movilizaron el pasado 18 de abril exigiendo el incremento presupuestario en los distintos conciertos sanitarios para prestar una asistencia sanitaria de calidad.

La temporalidad en el empleo público sitúa al conjunto de Administraciones en una tasa superior a la de la empresa privada, precarizando, más si cabe, nuestros servicios públicos y la gran labor que desarrollan las empleadas y empleados públicos.

El reiterado impedimento por las administraciones al derecho de la movilidad voluntaria, así como la exigencia de superar una nueva fase de oposición para poder promocionar, son la máxima expresión del abandono que sufren las y los empleados públicos fijos.

Todo ello hace necesaria una respuesta contundente, en la calle, del conjunto de personas trabajadoras para exigir al Gobierno que pase de las palabras a los hechos y al amparo de la negociación colectiva, dignifiquen la labor de las y los empleados públicos:

• Recuperando nuestro poder adquisitivo.

• Respetando nuestras condiciones laborales.

• Estabilizando el empleo y suprimiendo la tasa de reposición.

• Corrigiendo las desigualdades retributivas entre administraciones.

• Actualizando las cuantías sobre indemnización por razón del servicio.

• Adecuando los complementos de insularidad.

• Fijando el adelanto en la edad de jubilación a determinados colectivos por su actividad.

• Ofreciendo una prestación sanitaria adecuada a los mutualistas y beneficiarios.

• Manteniendo el régimen de Clases Pasivas, corrigiendo la desigualdad en la cuantía de las pensiones