CSIF exige más plantilla docente para afrontar los retos digitales en la educación pública andaluza
- Normativa
3 de abril de 2025
El sindicato advierte que las decisiones sobre el uso de tecnologías deben partir del criterio profesional del profesorado sin imposiciones políticas ni recetas únicas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical de la educación pública en Andalucía, ha reclamado la urgencia de aumentar las plantillas docentes en general y de perfiles especializados en particular para poder afrontar los grandes desafíos que supone el uso de la tecnología en los centros educativos.
Para CSIF es también prioritario que prime la autonomía pedagógica y la libertad de cátedra del profesorado en la toma de decisiones sobre el uso de dispositivos digitales en las aulas y la posibilidad de eliminar los libros de texto, ya que son los profesionales de la educación los que mejor conocen al alumnado y, por consiguiente, las herramientas e instrumentos más idóneos para utilizar en clase. En esta línea, la presidenta del sector de Educación de CSIF Andalucía, Elena García, ha defendido el papel protagonista que deben tener las profesoras y profesores en el ámbito educativo puesto que “son los expertos en la materia y su opinión es la que verdaderamente debe prevalecer cuando se desarrollen normativas sobre el material de uso en los centros educativos”.
Por este motivo, la normativa como el actual Proyecto de Ley para la protección de menores en entornos digitales, que incluye mecanismos concretos para alumnado de Educación Primaria y Secundaria, no puede estar ajena a los profesionales educativos, al “igual que sería insólito que en una intervención quirúrgica no se tuviera en cuenta la opinión de un profesional sanitario”, ha indicado García.
Para la dirigente sindical la regulación de los dispositivos digitales en los centros educativos “no puede abordarse como una imposición política, se incurriría en un error”. De hecho, ha aclarado que el mencionado Proyecto de ley no entra en prohibición alguna sino que lo deja en manos de las comunidades autónomas “y algunas de ellas han establecido blanco o negro, cuando debemos ser conscientes de que hay una intensa gama de grises”. Precisamente, ante este panorama, desde CSIF “defendemos la autonomía pedagógica del profesorado en la toma de decisiones y erradicar las imposiciones de cualquier tipo”.
García ha recordado también que el personal docente cada vez tiene más atribuciones y responsabilidades, sin reconocimiento ni contraprestación de ningún tipo “el profesorado está haciendo un gran esfuerzo por formarse, por reciclarse y por enseñar a su alumnado en competencias digitales tal y como establece la propia ley de educación, sin embargo, no ve reducida su extensa jornada lectiva para dicha formación, ni se le ofrece compensación económica por ello”. En este sentido, la dirigente sindical reclama a la administración educativa que “se implementen medidas que favorezcan y reconozcan el esfuerzo que el profesorado está realizando en el ámbito de la digitalización que implica una labor continua de formación y reciclaje”,
Para CSIF las nuevas atribuciones y responsabilidades que son requeridas a los docentes “debe tener efectos en las plantillas, para que estén bien dimensionadas y que incluyan además perfiles específicos para afrontar problemas que, precisamente por un posible uso indebido de los medios tecnológicos, están generando”. En este punto, García ha instado a las administraciones a dotar a los profesionales de más recursos para poder cumplir con las nuevas exigencias que marcan la era digital y sus efectos colaterales en el mundo educativo, “porque no podemos hacer más con los mismos recursos personales, con jornadas extenuantes, burocracia creciente, clima de convivencia muy deteriorado, ni reducción del horario lectivo del profesorado” afirma
Por último, García ha apelado al sentido común y equilibrio para el uso de dispositivos digitales y analógicos en los centros educativos y afrontar así los grandes retos a los que se enfrenta la educación pública andaluza.