Tras la reclamación de CSIF, Función Pública anuncia la convocatoria del diálogo social sobre mejoras laborales

El Ministerio de Hacienda y Función Pública se ha dirigido a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) para anunciar la reactivación del diálogo social para negociar mejoras laborales dirigidas al colectivo de empleadas y empleados públicos.

Tras las reclamaciones de nuestro sindicato, la secretaria de Estado de Función Pública, nos traslada su compromiso para fijar en las próximas fechas “un calendario de reuniones en las que tratar aquellas cuestiones que supongan una mejora en las condiciones de trabajo del personal al servicio de las administraciones públicas”

CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, valora de manera positiva este anuncio, pero es hora de pasar de las palabras a los hechos y establecer de manera inmediata un calendario y contenido. La pasada semana nos dirigimos a este departamento urgiendo la necesidad de establecer el citado calendario de reuniones para negociar aspectos como la carrera profesional, la promoción interna y la movilidad voluntaria, entre otros temas, en línea con el acuerdo suscrito con el Gobierno el pasado mes de julio.

Por una parte, hay que avanzar en la negociación colectiva para resolver las situaciones de conflicto existentes en algunos ámbitos, como en Justicia por el incumplimiento de lo acordado en Mesa de Negociación o la Ley de Cuerpos de Instituciones Penitenciarias que necesita un impulso definitivo para su regulación y reconocimiento a la labor del personal de dicho ámbito, mientras que, por otra, urge establecer un calendario de negociación. Precisamente hoy, CSIF Prisiones ha iniciado un encierro en la sede de Instituciones Penitenciarias ante la situación de abandono de las plantillas.

Enmiendas PGE

En este sentido, desde CSIF, hemos presentado a los Grupos Parlamentarios una batería de enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que tienen por objeto mejorar las condiciones laborales y retributivas de las empleadas y empleados públicos.

Más allá del reconocimiento político y social a esta labor de los servidores públicos, la tramitación de los Presupuestos debe impulsar la recuperación económica de sus retribuciones y corregir la merma retributiva a la que se han visto sometidos en los últimos años.

Durante toda la crisis provocada por el Covid19, los empleados públicos han colaborado de manera ejemplar poniendo en riesgo su propia integridad física y psíquica, en muchos casos, para poder mitigar los efectos de la pandemia.

Es hora de que se reconozca su esfuerzo, su trabajo su profesionalidad. Todo ello, a fecha de hoy no se ha visto reflejado en mejora retributiva alguna, sino que, al contrario, los trabajadores públicos vienen observando cómo su poder adquisitivo va menguando con el devenir de los años, en contra de una deseable función pública reconocida y de calidad.

Por esta razón, reclamamos un incremento retributivo del 3,5% para el año 2022, fijando además una cláusula de revisión salarial automática vinculada a la tasa interanual del PIB con efectos a 1 de enero de 2022.

En materia de empleo, exigimos la supresión de la tasa de reposición. La Oferta de Empleo Público para el año 2022 deberá convocar todas las plazas vacantes de naturaleza estructural y aquellas de naturaleza coyuntural que estén cubiertas de manera temporal, además de aquellas otras que sean necesarias para la prestación adecuada del servicio público impulsando la promoción interna para el personal de carrera.

Por lo que respecta al Régimen de Clases Pasivas, CSIF sigue exigiendo que las jubilaciones y prestaciones sigan dependiendo del Ministerio de Hacienda y que se garantice su permanencia hasta su total extinción, así como que se equipare la cuantía de la pensión de jubilación a la del régimen general conforme a la propuesta que CSIF ha remitido a los Ministerios de Función Pública y Seguridad Social.

CSIF sigue defendiendo la jubilación voluntaria del Régimen General de Seguridad Social a los 60 años con 30 años cotizados y rechaza de forma contundente el proyecto de ley sobre reforma de las pensiones que castiga a las personas trabajadoras que optan a la jubilación voluntaria después de extensa vida de cotización.