CSIF insiste en que más de 17.000 empleados de empresas públicas trabajan sin Convenio

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Tragsatec (medio ambiente), Consorcio de Compensación de Seguros (indemnizaciones), Senasa (aeronáutica), Incibe (ciberseguridad)  o Isdefe (defensa) son empresas públicas claves en sus sectores que reúnen a más de 16.000 empleados/as que no tienen un Convenio propio. 

 

CSIF vuelve a insistir al Estado, que es su propietario, en que cada empresa pública debe tener su propio Convenio para ordenar las condiciones laborales de sus empleados, acordes a sus puestos de trabajo.El sindicato defiende que un Convenio es necesario para regular la promoción profesional que está contemplada en el Estatuto de los Trabajadores.

 

Para CSIF no es suficiente con un acuerdo de homologación que, además, fue firmado en 2011 en una empresa pública como TRAGSATEC que pertenece a la SEPI y que está especializada en la realización de actividades de ingeniería, consultoria y asistencia técnica en materias como el desarrollo rural, el medio marino o la sanidad pública. Cuenta con más de 14.000 empleados que se rigen por un acuerdo que se ha quedado anticuado y que no corrige su tasa de eventualidad que es la más alta del sector público tal y como denuncia sistemáticamente CSIF. 

 

SENASA también es un medio propio de la administración en el sector aeronáutico en el que más de 600 empleados trabajan sin Convenio. CSIF inauguró una sección sindical en 2023, respalada por los trabajadores en las elecciones sindicales, para solucionar el problema.  De momento, el sindicato ya ha logrado que Senasa, por fin, entregue  al Comité de Empresa una copia de los informes de la masa salarial y de las actas del Consejo de Administración desde 2018 que es "necesaria para la acción sindical mediante el ejercicio del derecho de información, consulta y otras competencias establecidas en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores".

 

Desde CSIF también se juzga insuficiente el marco de relaciones laborales que existe en el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), una entidad pública empresarial de casi 300 empleados, adscrita al Ministerio de Economía, que, entre otras funciones, indemniza los daños producidos por fenómenos naturales para las personas o bienes afectados tal y como está pasando ahora con la DANA. Pero sus trabajadores no cobran la evaluación desempeño, a pesar de que está firmado en el Acuerdo, y han perdido hasta un 20 por ciento de su poder adquisitivo.

 

El caso de ISDEFE (Ingenieria de Sistemas para la Defensa de España) también es relevante porque son cerca de 2.000 empleados que tampoco tienen Convenio y donde CSIF trabaja  por el cumplimiento de la promoción profesional, que lleva años estancada, lo que origina cada año “la descapitilización de la empresa en términos de conocimiento”,

 

INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad)  es otra empresa pública que tampoco dispone de un Convenio de empresa propio para sus más de 150 empleados. Se rige por un Acuerdo Colectivo firmado en 2011 que CSIF tacha de "insoportable" porque "maltrata" a unos empleados de alto nivel

 

 

 

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