CSIF reclama un Plan Nacional de Prevención del Suicidio con medidas para los colectivos profesionales más vulnerables

 

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CSIF reclama un Plan Nacional de Prevención del Suicidio con medidas para los colectivos profesionales más vulnerables.

- Pedimos ampliar los registros de suicidio introduciendo “la profesión” como variable demográfica para identificar grupos profesionales vulnerables. - Solicitamos protocolos específicos de prevención para Policía Local y personal sanitario. - En 2022 las cifras de se han incrementado en un 2,3% respecto al año pasado, con un total de 4.097 suicidios (3.042 hombres y 1.055 mujeres).

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, reclama la aprobación urgente de un Plan de Prevención Nacional del Suicidio, con dotación presupuestaria y con medidas específicas para los colectivos profesionales más vulnerables.

El 10 de septiembre conmemoramos el Día Mundial de Prevención del Suicidio bajo el lema “Abramos los ojos a una realidad. Actuemos ante el suicidio laboral”. CSIF continúa así con su campaña de prevención y de información sobre las señales para su detección. En ella se han realizado jornadas de sensibilización en diferentes provincias y webinars.

CSIF propone, con el objetivo específico de detectar precozmente y prevenir el riesgo suicida, ampliar los registros de suicidio con la variable demográfica de “la profesión” para identificar grupos profesionales vulnerables poder actuar sobre ellos y evaluar los factores de riesgo que llevan al suicidio.

La relación entre trabajo y suicidio tiene diferentes vertientes. Entre los factores laborales que pueden llevar a una persona a tener ideaciones suicidas se encuentran: situaciones traumáticas o de estrés laboral sostenido en el tiempo, jornadas laborales maratonianas que no permiten la desconexión y pueden generar problemas familiares, dificultad de conciliación, salarios bajos, el acoso laboral, el acceso a medios letales (medicación, pesticidas o armas), aunque también figuran la pérdida del empleo o el desempleo de larga duración.

En este contexto, el entorno laboral puede constituir un lugar primordial para implementar estrategias de prevención del suicidio en la edad de adulta; al igual que los centros educativos son esenciales, en el caso de la infancia y la adolescencia.

Además, hay colectivos profesionales -como el personal de seguridad y emergencias- con altas cargas de estrés por las características propias de su trabajo, a las que se añaden otras problemáticas familiares derivadas de un trabajo sometido a turnos y horarios intempestivos, sin festivos y sin periodos vacacionales fijos.

En España, el suicidio es la primera causa de muerte no natural, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2022 las cifras se han incrementado en un 2,3% respecto al año pasado, con un total de 4.097 suicidios (3.042 hombres y 1.055 mujeres). Esta cifra supera más del doble de accidentes de tráfico que fueron 1.790 en 2022.

En la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2022-2026 se marca la Línea estratégica 3. Prevención, detección precoz y atención a la conducta suicida, en la que se fijaron objetivos y acciones a llevar a cabo por las CCAA, pero en la mayoría de ellas aún no se están implementando con la inmediatez necesaria. En la sanidad pública hay insuficientes especialistas en salud mental, lo que genera un retraso en las listas de espera de entre tres y seis meses.

El 67,24% de los suicidios estaban en edad activa (entre los 20-65 años) por lo que CSIF considera que el entorno laboral puede servir de vía para la detección precoz, la prevención y por otro lado como agravante. Si se consiguen lugares de trabajo saludables y seguros se crean empleados sanos y productivos.

CSIF ha trasladado una batería de propuestas y de reivindicaciones al Ministerio de Sanidad, a diversos Gobiernos autonómicos y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), entre las que se encuentran:

• Aprobación de un Plan Nacional de Prevención del Suicidio que incluya medidas para los colectivos profesionales con mayor incidencia (policías locales, sanitarios, etc.) y coordine las iniciativas en comunidades y ayuntamientos.
• Un Protocolo Antisuicidio específico en cada administración para los colectivos profesionales más vulnerables, como Policía Local y personal de la Sanidad, al igual que se ha creado para Policía Nacional y Guardia Civil.
• Mayor inversión en salud mental con un enfoque multidisciplinar.
• Programas de prevención, detección precoz e intervención ante las conductas suicidas con refuerzo y apoyo psicológico en el entorno laboral.
• Los suicidios derivados del ámbito laboral sean considerados accidentes laborales, tras una autopsia psicosocial.
• Campañas de sensibilización social para romper estigmas, tabús y que pueda identificarse. Las administraciones deben incrementar sus recursos.
• Ampliación de los criterios del registro del INE para determinar la actividad profesional del suicida.
• Promoción de la educación emocional desde las primeras etapas educativas.
• Medidas para dar a conocer los factores de riesgo asociados al suicidio y actuaciones específicas para prevenirlo.
• Formación para que los profesionales aprendan a gestionar y regular el estrés laboral y los impactos en el trabajo.
• Reforzar los RRHH en atención primaria y atención en Salud Mental.
• Que los medios de comunicación se impliquen activamente ofreciendo una información responsable y adecuada sobre el suicidio.

  Canarias, a 11 de septiembre de 2023.