CSIF exige medir concentraciones de gas radón en las administraciones públicas y empresas privadas, como marca la Ley, a partir del 20 de junio
- Prevención de Riesgos Laborales
20 de xuño de 2024
A partir del 20 de junio las empresas e instituciones públicas (escuelas, instituciones penitenciarias, centros sanitarios, ayuntamientos, etc.) están obligadas a medir el nivel de radón en las localidades con altas concentraciones de radón, concretamente en los centros de trabajo situados en planta baja o rasante.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, exige a las administraciones públicas y a las empresas medidas específicas para cumplir con la obligación de realizar la medición de radón en los lugares de trabajo afectados por alta concentración. Deben llevarse a cabo las actuaciones necesarias para proteger a los trabajadores expuestos. Tras una normativa que entró en vigor el 21 de diciembre de 2022 y fue ampliada 18 meses para algunas disposiciones, desde hoy, jueves 20 de junio, es obligatorio realizar evaluaciones y aplicar medidas de protección en aquellas actividades laborales con niveles elevados de concentraciones de gas.
Las empresas o propietarios de las instalaciones públicas que no cumplan con estas medidas pueden ser acusados de delitos contra la seguridad y salud en el trabajo o de lesiones o homicidios imprudentes en caso de que se produzcan daños a los trabajadores o usuarios. Las penas previstas para estos delitos incluyen penas de prisión, multas económicas y la inhabilitación para el ejercicio de actividades empresariales.
Según el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), quien se ocupa de los estudios y la investigación en todo el Estado, las zonas de actuación prioritaria en España se encuentran por las siguientes comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias, Cataluña, Extremadura, Madrid, Navarra, País Vasco y Galicia, la comunidad más afectada.
El gas radón es un elemento radiactivo natural que se produce por la descomposición del uranio en el suelo y la roca. Es inodoro, incoloro e insípido, y puede filtrarse en edificios a través de grietas y agujeros en las paredes y el suelo. La exposición prolongada al gas radón se ha relacionado con un mayor riesgo de cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y otros tipos de cáncer como el cáncer de tiroides. El radón es la segunda causa principal de cáncer de pulmón después del tabaco, y se estima que el radón es responsable de alrededor del 10% de todos los casos de cáncer de pulmón.
En España, la normativa vigente obliga a eliminar o controlar las exposiciones a cancerígenos en los lugares de trabajo. Hay que tener en cuenta que, además de las exposiciones laborales, pueden existir exposiciones a niveles altos de radón en los domicilios y en las zonas de servicios.
La directiva europea 2013/59/Euratom establece normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes. Esta norma, que incluye el radón, destaca la necesidad de que los Estados Miembros lleven a cabo planes de acción para reducir a medio y largo plazo el riesgo de cáncer de pulmón atribuible a la exposición al radón. Estos requisitos suponen ampliar el alcance y el nivel de protección del actual marco regulador, así como poner en marcha medidas de comunicación y apoyo más allá del ámbito jurídico.
Mediciones periódicas
Se deben llevar a cabo mediciones periódicas de los niveles de radón en sus instalaciones y tomar medidas para controlar los niveles si estos superan los valores recomendados. En España, la concentración de radón se mide en becquerelios por metro cúbico (Bq/m³), y el valor límite recomendado por el CSN es de 300 Bq/m³ en interiores, aunque la OMS recomienda tomar medidas a partir de concentraciones superiores a 100 Bq/m³.
Entre las medidas para controlar los niveles de gas radón pueden incluir la mejora de la ventilación, el sellado de grietas y agujeros en las paredes y el suelo, la instalación de sistemas de extracción de aire y la construcción de barreras físicas para impedir la entrada de radón en las instalaciones.
Por todo ello, CSIF ha solicitado en las mesas técnicas de PRL y comités de seguridad y salud que se lleven a cabo la medición de las concentraciones de radón y se lleven a cabo las medidas de protección necesarias de los trabajadores expuestos.