25-N - El Gobierno aparca el plan de apoyo y asesoramiento a las víctimas en la Administración e incumple su propio Plan de Igualdad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) -sindicato más representativo en las administraciones públicas- conmemora la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer exigiendo al Gobierno la revisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para dotarle de mayores recursos que contribuyan a eliminar de una vez por todas esta lacra que afecta a la sociedad española.

La violencia de género en España constituye una realidad inapelable, como lo demuestran las 40 mujeres que han sido asesinadas en lo que va de año. Este dato dramático evidencia la necesidad de un mayor compromiso de toda la sociedad, instituciones, partidos políticos y administraciones en esta lucha, reforzar la política de ‘tolerancia cero’ contra cualquier tipo de agresión.

CSIF ha hecho un diagnóstico de la situación basándose en datos obtenidos de fuentes oficiales, y en base a estos mismos datos consideramos que es necesario revisar la eficacia de las políticas de protección y apoyo laboral a las víctimas, tanto en el sector público como en el privado. Hacen falta más recursos y medidas de apoyo en el ámbito laboral, de formación y educación. Además, el Gobierno está incumpliendo sus propios compromisos.

 

Gobierno incumple su plan de igualdad y descenso de los contratos bonificados

En el ámbito concreto de las administraciones públicas y en general en el mercado laboral, destacamos varios hechos preocupantes en la lucha contra la violencia hacia la mujer. Según datos oficiales recabados por CSIF, el número de contratos bonificados y de sustitución por violencia de género disminuyeron el año pasado un 40 por ciento con respecto a 2022, lo que evidencia que las mujeres afectadas no están recibiendo el apoyo necesario en el ámbito laboral.

Por eso, desde CSIF exigimos la puesta inmediata de la figura del delegado/a sindical especializado en Igualdad y contra la Violencia de Género. También pedimos la aplicación de otras actuaciones urgentes, entre las que destacan:

En el ámbito específico de la Administración General del Estado, CSIF denuncia que el Gobierno ha aparcado su Plan de Apoyo y Asesoramiento a las víctimas de la violencia de género, dejándolo sin desarrollo e incumpliendo una de las medidas estrella de su III Plan de Igualdad.

La medida pretende favorecer el acompañamiento de las víctimas en el ámbito laboral, facilitándoles desde el primer momento un entorno seguro, siendo asistida por asesores, psicólogos y otros profesionales que le informarán sobre sus derechos, proceso judicial y acompañamiento en el caso de la denuncia. Pues bien, el Gobierno ha sido incapaz de poner en marcha esta medida en un ámbito de su plena competencia, como es la Administración General del Estado.

Otro de los datos que han llamado la atención de CSIF es que se han multiplicado por cuatro los quebrantamientos de medidas de protección respecto al número de víctimas en el periodo comprendido entre 2013 y 2023. Esta evolución exige un análisis para detectar en qué estamos fallando a la hora de proteger a las víctimas.

En definitiva, CSIF reitera su compromiso en la lucha contra cualquier forma de violencia que sufren las mujeres, y recuerda que acabar con esta lacra es una responsabilidad del conjunto de la sociedad. Los casos de violencia de género que se producen a diario en España nos recuerdan la necesidad de situar esta lucha en primera línea de la acción política y social. La prevención y la protección de las víctimas deben seguir siendo prioridades en la agenda del país para avanzar hacia una sociedad más segura e igualitaria en la que las mujeres puedan vivir en libertad y sin miedo.

Estas son nuestras propuestas:

• Creación de la figura del delegado/a sindical especializada en Igualdad y Violencia de Género.

 

• Dotar al Pacto de Estado contra la Violencia de Género de financión suficiente.

 

• Refuerzo de los juzgados especializados en violencia de género.

 

• Ampliación de los recursos de atención y acogida para víctimas.

 

• Establecimiento de espacios de apoyo y asesoría en el entorno laboral.

 

• Favorecer entornos de trabajo seguros mediante la negociación y puesta en marcha de protocolos contra el acoso sexual y por razón de género en todos los centros de trabajo.

 

• Programas específicos de inserción laboral para mujeres víctimas de violencia.
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• Mayor coordinación entre administraciones y agentes sociales para optimizar los recursos y esfuerzos en la lucha contra la violencia de género.