La pandemia agrava la discriminación laboral de las mujeres y los ERTES disparan la brecha salarial al 30 por ciento

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha analizado diferentes indicadores (Agencia Tributaria, Seguridad Social, Encuesta de Población Activa, Boletín Estadístico de las Administraciones Públicas, Presupuestos Generales del Estado) que siguen poniendo de manifiesto, un año más, la difícil situación de las mujeres en el ámbito laboral.

 

Los efectos derivados de la pandemia por el COVID 19 han perjudicado de forma específica al equilibrio entre vida personal y laboral entre hombres y mujeres, perpetuando la de por sí elevada brecha salarial y las diferencias en el ámbito de trabajo.

 

De hecho, la reducción de la brecha salarial se ha ralentizado. Según los últimos datos sobre brecha salarial en España de la Agencia Tributaria, correspondientes a 2021 (el segundo año de pandemia. ‘Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias’) la brecha salarial se sitúa en el 19,87 por ciento (tan solo un 0,41 por ciento menos con respecto al año anterior), con un salario medio anual de 23.724 euros para los hombres y 19.011 euros para las mujeres, De continuar este ritmo, se tardarían 50 años en eliminar esta desigualdad salarial.

 

Además, si se analizan los salarios medios de los ERTES en 2021 (16.645 euros para los hombres y 11.725 euros para las mujeres) vemos incluso como la brecha se eleva al 29,6 por ciento.

 

El análisis de CSIF muestra también que la diferencia entre hombres y mujeres con contratos temporales se ha multiplicado por 12 desde la pandemia. Según la última EPA, si en el último trimestre de 2019 había 27.700 mujeres más en contratación temporal, en el mismo periodo de 2022 había 333.900 más.

 

Los últimos datos de la EPA también nos muestran que el número de mujeres contratadas a tiempo parcial triplica al de hombres. En la misma línea, el número de mujeres que trabajan a tiempo parcial para el cuidado de familiares se sitúa en 333.200, mientras que en el caso de los hombres es de 25.300. Dicho de otra manera: por cada hombre que se ha acogido a esta modalidad laboral hay 13 mujeres.

 

Si miramos las cifras de paro, sigue habiendo más mujeres (1,6 millones frente a 1,4 millones de hombres). En la EPA se puede comprobar asimismo que en los matrimonios españoles hay casi el doble de mujeres que hombres en paro (700.200 mujeres frente a 411.500 hombres).

 

Diferencias en las administraciones públicas

 

En las administraciones públicas, un ámbito que debería de ser ejemplar, las cifras de inestabilidad son peores que en el sector privado. En éstas, el número de mujeres con contratos temporales es el doble que el de hombres, mientras que las mujeres con contratos a tiempo parcial es casi el triple.

 

Además, el número de mujeres que se acoge a excedencias por cuidado de familiares casi cuadruplica al de hombres, y lo sextuplica en el caso de reducciones de jornada.

 

Se da la circunstancia de que aún hay comunidades autónomas que no cuentan con planes de igualdad, centenares de ayuntamientos carecen de estas directrices y la propia Administración General del Estado tiene paralizado su desarrollo.

 

El Gobierno debe realizar un análisis y evaluación anual de la brecha de género tanto en las administraciones públicas como en empresas privada, así como los efectos de la pandemia, con medidas específicas para fomentar la conciliación y la corresponsabilidad en el reparto de tareas.

 

Propuestas de CSIF por la igualdad efectiva

 

CSIF ha trasladado al Ejecutivo la puesta en marcha de las siguientes iniciativas por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres:

 

• La implantación de medidas de conciliación sin pérdida retributiva.

 

• El impulso de plazas públicas gratuitas para escuelas infantiles de 0 a 3 años.

 

• La negociación y puesta en marcha de planes de igualdad todavía pendientes, la creación de un registro oficial de planes de igualdad en las administraciones públicas, así como protocolos contra el acoso sexual y la violencia de género.

 

• Creación de normativa específica similar al RD 902 para realizar auditorías retributivas en las administraciones públicas.

 

• La integración del enfoque de género en las administraciones públicas.

 

• La creación de la figura del delegado/a sindical especializado en Igualdad y contra la violencia de género en cada centro de trabajo.