CSIF sale a la calle para que el Gobierno negocie la subida salarial y la oferta de empleo público

CSIF ha convocado hoy de nuevo en la Subdelegación del Gobierno una concentración para exigir al Gobierno la reactivación de la negociación en la Función Pública. Estas movilizaciones, que han tenido lugar en todo el país, tienen el objetivo de reclamar la negociación de la subida salarial del próximo año, un nuevo acuerdo salarial (el actual caduca a final de año y ya ha provocado una pérdida de poder adquisitivo del 6 por ciento desde 2022), así como la oferta de empleo público para 2025, teniendo en cuenta que el Gobierno ha sido incapaz de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado.  

CSIF ha recordado que la Mesa General de las Administraciones Públicas no se ha convocado desde la constitución del Gobierno en noviembre de 2023. “Al Ejecutivo se le ha acabado el tiempo, no podemos consentir que siga instalado en la parálisis actual, pues son los empleados públicos quienes sufren las consecuencias”, ha expresado el representante sindical. CSIF ha señalado que aún no hay un acuerdo de financiación autonómica y que existen conflictos laborales en organismos como el SEPE, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo.

CSIF ha reclamado al Ejecutivo unas cuentas para el próximo ejercicio que incluyan un nuevo acuerdo retributivo plurianual y vinculado al IPC que permita reparar la pérdida de poder adquisitivo acumulada. Los empleados/as públicos/as han perdido un 5% desde la firma del actual acuerdo entre Gobierno, CCOO y UGT y un 20% desde los recortes de Zapatero en 2010. Asimismo, La central sindical ha exigido la recuperación de la estructura salarial previa a dichos recortes, con el cobro íntegro de la paga extra.

López ha explicado que, entre las reivindicaciones de CSIF, también está “la negociación de una oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición y la culminación del plan de estabilización de plazas del personal interino”. La tasa de temporalidad a 31 de diciembre de este año no debe superar el 8% y las convocatorias que afectan a miles de personas van con meses de retraso.

CSIF también ha reclamado la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas y la implantación de la jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado español, así como la implementación de la carrera profesional en todas las administraciones y el teletrabajo. De igual manera, ha exigido mejoras en las condiciones de jubilación. La central sindical, para corregir estas desigualdades retributivas en la Administración General del Estado, considera necesaria una dotación de fondos adicionales que fijamos en 1.487 millones, repartidos entre 2025, 2026 y 2027, hasta lograr la igualdad salarial plena en 2028.

Por otra parte, también en materia de retribuciones, el Tribunal Constitucional ha admitido un recurso de amparo presentado por CSIF contra la decisión de la mesa del Congreso de los Diputados que mediante acuerdo de 16 de mayo de 2023 rechazó tramitar una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por CSIF para que las/os empleados públicos recuperen la estructura salarial previa los recortes de Zapatero en 2010.

El alto tribunal, mediante providencia de 2 diciembre de 2024, acuerda su admisión a trámite ya que en este caso “concurre una especial trascendencia constitucional porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto y pudiera tener unas consecuencias políticas generales” y requiere a la presidenta del Congreso para que en el plazo máximo de 10 días remita al Tribunal certificación del expediente. Estos recortes que siguen en vigor desde 2010 supone que los empleados públicos en esta última década hayamos trabajado entre 13 y 18 meses gratis, en función del grupo profesional al que pertenezcan. Esta situación se suma a la pérdida global del 20 por ciento del poder adquisitivo desde la bajada salarial de 2010.

Por último, CSIF ha defendido una vez más la continuidad del mutualismo administrativo, que ha demostrado ser un mecanismo de prestación asistencial eficaz y económico, a la vez que descongestiona el sistema público de salud. “La Administración debe garantizar la calidad en la asistencia sanitaria en MUFACE con una financiación adecuada. CSIF no va a permitir que ningún Gobierno acabe con este modelo por inanición”, ha asegurado López.