Sanidad delega en el Ministerio de Justicia la competencia de coordinación del personal de Justicia

La Orden SAN/261/2020, de 19 de marzo publicada esta mañana da competencias al Ministerio de Justicia para la coordinación de la actividad profesional de los miembros de los cuerpos de funcionarios regulados en el libro VI de la Ley Orgánica Poder Judicial durante la vigencia del estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Con esta orden el Ministerio toma el control de la coordinación de todo el personal de Justicia de la Mesa de negociación del Ministerio (Letrados, Cuerpos Generales y Cuerpos especiales).

El Ministerio en la reunión celebrada hoy, 20 de marzo, por videoconferencia, informa a CSIF que esta medida tiene tres objetivos:

• Incrementar la coordinación con las CCAA
• Evitar las “disfunciones” que se han producido con algunas CCAA en los últimos días en relación con los mal llamados “servicios mínimos”
• Tener una interlocución directa con la autoridad sanitaria que ahora no tenían.

En relación con las CCAA, la delegación de funciones incluye la posibilidad de dictar instrucciones generales dirigidas a todos los Cuerpos de Funcionarios de Justicia con independencia del lugar donde tengan su destino.

La orden crea una Comisión de coordinación de la situación de crisis en Justicia en la que, además del Ministerio, estarán las CCAA con competencias, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial. El Ministerio dice que, aun cuando no está previsto en la orden, ofrece participar de forma indirecta a los sindicatos en esta Comisión a través del Secretario General. Para CSIF, o estamos o no estamos y si hay voluntad de que participemos, los sindicatos deberíamos estar en esa Comisión sin intermediarios.

El Ministerio mantiene los mal llamados “servicios mínimos” establecidos en la resolución del 14 de marzo…

…. aun cuando reconoce con datos que la actividad judicial se ha reducido drásticamente.

En la reunión celebrada por videoconferencia con las organizaciones sindicales el Ministerio ofrece cifras referidas a su ámbito como estas:

• Reducción de un 82% en la actividad de Minerva
• Reducción de un 70% en la presentación de escritos
• Reducción de un 50% en la actividad de los Jugados de guardia (en este caso en toda España)
• 82 medidas cautelares cuando lo normal son unas 230.
• En general la actividad judicial en España es de entre un 10% y un 15% que es lo que consideran que corresponde a la prestación de los servicios esenciales. Es decir, la actividad general se ha reducido entre un 90% y un 85%.

Para CSIF, con estas cifras resulta incomprensible que aún se sigan manteniendo la dotación de plantilla, un 10% sobre el total, establecida en la Resolución del 14 de marzo y que es la que varias CCAA han copiado.

CSIF ha vuelto a denunciar el exceso de dotación sobre lo fijado en las diferentes resoluciones en algunos destinos al aplicarse la literalidad de mínima de las dotaciones y también ha puesto de manifiesto que el sentido común y la capacidad de auto-organización están sobrepasando las imposiciones y medidas del CGPJ sin que se altere, en absoluto, la prestación del servicio.

CSIF sigue manteniendo que los servicios esenciales se pueden cubrir en régimen de disponibilidad y localización porque permite:

• Reducir al máximo el personal expuesto cada día estableciendo una especie de servicio de guardias, reduciendo el riesgo de contagio de acuerdo con el objetivo del Real Decreto Ley expresado por el Presidente del Gobierno en repetidas ocasiones.
• Maximizar los servicios de limpieza acotando las zonas de uso y tránsito, así como la seguridad del edificio y el personal de limpieza necesario. En los Juzgados de paz con el Ayuntamiento cerrado tienen que ir, además de un funcionario, el del Ayuntamiento para abrir y alguien para limpiar luego.
• No incrementar la demanda de productos de higiene y demás materiales de prevención que como bien resalta el Ministerios es escaso y debe destinarse prioritariamente a proteger a quienes nos protegen en esta crisis. 
• Preservar al personal de Justicia para cuando realmente se necesite porque, al final, cuando esto suceda si no se toman medidas, casi todos estarán de baja por COVID-19.

En este sentido, CSIF ha exigido al Ministerio que se desmarque del Consejo en materia de fijación de la dotación de personal. Porque, tras el comunicado de ayer, la imagen que están dando es que es el Consejo quien “pincha y corta” en este asunto que, según el Ministerio, no es competencia del propio CGPJ.

CSIF exige que el Ministerio comparta el número de casos confirmados y sospechosos de coronavirus

Según el Ministerio hay 26 casos confirmados de coronavirus que afectan a personal de Justicia en su ámbito.

CSIF no va a entrar en una guerra de cifras que no resuelven nada, pero ha advertido al Ministerio que, dado que no se hace la prueba a todo el mundo, es presumible que el número de positivos sea mayor. Para CSIF es perentorio que se establezcan y difundan protocolos de actuación en caso de detección de positivo en el personal de un órgano, oficina, unidad, servicio o instituto de la Administración de Justicia. La sensación de abandono en estos casos crece entre el personal y eso nunca debería suceder.

Por eso para CSIF es necesario tener controlados a quienes presentan síntomas porque deben aislarse y se debe controlar con quien o quienes tuvieron contacto cuanto antes mejor.  Asimismo, para CSIF que haya un alto número de positivos asintomáticos, y ante la falta de la práctica generalizada del test a todos los ciudadanos, aconsejan reducir la presencia de personal en las sedes de la Administración de Justicia.

Y en general, para CSIF es imprescindible suministrar, ya, los medios de protección suficientes y adecuados a todos los funcionarios/as que prestan los servicios esenciales (geles, guantes, jabón fundamentalmente) y la desinfección de todos los centros de trabajo.  El Ministerio vuelve a decir que están en ello y que van a llegar, pero para CSIF no es suficiente

CSIF ya ha iniciado los trámites legales para pedir a la Justicia que tome medidas que impidan que se siga prestando servicios de forma presencial sin la protección adecuada.  

En definitiva, estas medidas legales no pretenden impedir la prestación de los servicios esenciales como el Consejo decía ayer, sino precisamente lo contario, garantizar su prestación, eso sí, por personal sano y que se pueda dar respuesta adecuada si la circunstancias exigen una respuesta más intensa de la Justicia y, evitando la propagación del virus.

Para terminar CSIF ha solicitado que desde el Ministerio se den instrucciones claras sobre los colectivos exentos de los turnos de trabajo (mayores de 60 años es, especialmente, conflictivo), permisos de circulación etc… las gerencias y algunas Direcciones Generales interpretan lo que cada uno entiende creando discriminación en igualdad de casos.