CSIF consigue la actualización del kilometraje a los empleados públicos tras mantenerse congelado desde 2007

La Junta de Extremadura ha acordado con CSIF Extremadura, que tiene amplia mayoría en la Mesa General de Negociación, y con los otros dos sindicatos con representación, la aprobación de un decreto de indemnizaciones que recoge una subida del importe por kilometraje que perciben los empleados públicos que utilizan su vehículo particular para el ejercicio de sus funciones. Esta subida, que se situará en 0,26 euros por kilómetros, estaba pendiente de actualizarse desde 2007, cuando se fijó en 0,22 euros, lo que representa una subida del 18 por ciento.

Los empleados públicos comenzarán a beneficiarse de esta actualización desde finales del próximo mes de mayo. En concreto, entrará en vigor al día siguiente de la publicación del decreto, que según ha avanzado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, se producirá previsiblemente a finales de mayo.

El presidente de CSIF, Benito Román, se ha mostrado muy satisfecho por haber conseguido esta reivindicación "histórica" para los empleados públicos de la comunidad, así como ha celebrado que se hayan establecido "bases y estructuras" para un nuevo acuerdo que mejore las condiciones laborales, sociales y económicas de los trabajadores.

Además, en un segundo apartado, también se ha negociado que se comience con la comisión de seguimiento del último acuerdo suscrito entre las organizaciones sindicales y el Gobierno regional en 2022, en el que se flexibilizó la jornada laboral a 35 horas, se desbloqueó la carrera y desarrollo profesional o los docentes pudieron bajar sus horas lectivas en secundaria a 18 horas.

De esta forma, en los grupos de trabajo se avanzará, ha remarcado, en cuestiones como el establecimiento de ofertas de empleo público que se "adecuen y se adapten a la realidad" de la administración pública, o que comiencen a recuperar "parte del poder adquisitivo que llevan perdido"; así como revisar las carreras profesionales de aquellos sectores que lo tienen, como son Sanidad y Administración General, a la vez que comenzar a negociar "cuanto antes" su implantación en Educación.