CSIF promueve un acuerdo con PSOE y PP para mejorar la seguridad en las cárceles

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha iniciado una ronda de contactos con PP y PSOE para promover una mejora de la seguridad en las cárceles, tras el aumento de las agresiones a funcionarios/as de prisiones y el reciente asesinato de una cocinera a manos de un preso en el centro penitenciario de Mas d'Enric (Tarragona).

El responsable nacional de CSIF Prisiones, Jorge Vilas, y el miembro de la ejecutiva de prisiones en Cataluña, Juan Manuel Baltasar, se han reunido hoy con la secretaria nacional de Interior del Partido Popular, Ana Vázquez, para trasladarla nuestras iniciativas en la administración penitenciaria y la necesidad de que los empleados/as de prisiones sean reconocidos con inmediatez como agentes de la autoridad. Del mismo modo, en los próximos días esperamos cerrar un encuentro con el PSOE para transmitirle las mejoras propuestas.

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha registrado una proposición de ley para modificar la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP). CSIF considera que este texto debe ser consensuado con el Grupo Socialista, para que pueda ser avalado de manera mayoritaria por el Congreso, e incorporar las reivindicaciones del colectivo de trabajadores/as penitenciarios.

De manera paralela, hemos iniciado una negociación con Instituciones Penitenciarias para establecer un nuevo protocolo contra agresiones en las cárceles, que sustituya al actual Protocolo Específico de Actuación Frente a las Agresiones en los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social (PEAFA). CSIF retiró su firma del mismo por los constantes incumplimientos de la administración y la ausencia de avances en la consecución de los objetivos que se planteaban.

Reivindicaciones de CSIF: más recursos materiales y humanos

Exigimos que se adopten medidas urgentes en las cárceles y más recursos humanos y materiales para reducir el número de agresiones a funcionarios de prisiones, que en 2023 alcanzó un récord con 508 ataques físicos, o lo que es lo mismo, uno cada 17 horas. Esta cifra supone un incremento del 12 por ciento respecto al año anterior, según datos del propio organismo de II.PP. La masificación obliga a mezclar perfiles de presos de convivencia muy complicada en un mismo módulo y no hay trabajadores/as suficientes.

CSIF reclama también una correcta clasificación de los internos, el ajuste de las remuneraciones a las funciones realizadas, que se refuerce la participación de los delegados/as de prevención en el conocimiento y análisis de las agresiones y que se facilite a todos los trabajadores penitenciarios el Plan de Formación de prevención y respuesta ante conductas agresivas.

Además, solicitamos una nueva catalogación de las infracciones disciplinarias, la modernización de los medios coercitivos como la posible implementación de pistolas eléctricas tipo TASER, la incorporación de medidas de protección jurídica y la existencia de apoyo psicológico al trabajador agredido, así como la elaboración de una guía de asesoramiento jurídico al personal afectado.

En este sentido, lamentamos la dejadez y faltas de respeto que la administración penitenciaria tiene hacia sus trabajadores y esperamos que estas negociaciones atiendan por fin las reivindicaciones del colectivo.