Denuncian irregularidades en el proceso de selección del puesto de jefe de policía local en el Ayuntamiento de Salobreña

El sector de Administración Local de CSIF Granada ha remitido un escrito al Ayuntamiento de Salobreña denunciando la convocatoria publicada el pasado 10 de agosto para cubrir el puesto de jefe de policía local en este consistorio. En él se recoge que “tal y como establece la normativa”, la Administración está obligada a negociar la creación y valoración de nuevos puestos de trabajo con las con las organizaciones sindicales, por lo que el sindicato ha reclamado su nulidad de pleno derecho. Además, indica, “el único que puesto que existe en la RPT es el de Mando de Policía Local, ya creado y valorado económicamente y cuya forma de provisión es mediante un concurso oposición”.

Representantes del sindicato en este Ayuntamiento alertan de que la actual situación de la plantilla de Policía Local exige una mejor planificación para garantizar un correcto servicio a la ciudadanía. “No compartimos la urgencia y necesidad de disponer de un nuevo jefe en la policía local de Salobreña, menos aun cuando supone un incremento del gasto en personal. No tiene sentido disponer un jefe para coordinar una plantilla que se ha reducido en los últimos años a la mitad, situación que provoca que en muchos casos haya patrullas unipersonales en la calle”, afirman.

El sector de Administración Local de CSIF Granada recuerda que el Ayuntamiento de Salobreña se comprometió a la creación de cuatro plazas de policía local y “no ha cumplido ese compromiso tras más de una década sin convocar plazas en la policía local”. Por ello, proponen que se concentren los esfuerzos económicos en la creación de plazas de personal de base de policía local y en saldar  la deuda contraída con la actual plantilla municipal en diversas categorías. En el caso de la policía local, afirman, “la deuda asciende a más de 300.000 euros”.

Tras la presentación del recurso de las bases,  CSIF espera que se convoque Mesa de Negociación para cumplir con la legalidad e iniciar un proceso de diálogo y negociación con las organizaciones sindicales, sin descartar iniciar acciones legales por la vía judicial.