CSIF Granada rechaza la subrogación para el acceso al empleo público en la Junta de Andalucía y vigilará que se respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Granada, sindicato más representativo de la Administración Pública, ha informado este miércoles que estará “muy vigilante para que el acceso al empleo público en la Junta de Andalucía se produzca respetando siempre los principios de igualdad, mérito y capacidad” a la par que ha mostrado su rechazo a la vía de la subrogación planteada por otras organizaciones sindicales para el caso del Personal Técnico de Integración Social (PTIS) y de los Intérpretes de Lengua de Signos Española (ILSE) en la comunidad andaluza.

Así se lo ha trasladado recientemente el sindicato a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, recordando que en la Bolsa Única Común (BUC) existen en la actualidad 2.721 personas en la categoría de ILSE en Andalucía –de ellas 370 en Granada- y 11.426 de PTIS –un total de 1.525 en la provincia granadina-, que están a la espera de un llamamiento para cubrir una vacante o una sustitución.

Por ello, CSIF ha planteado a la Administración que mientras se revierten las plazas ocupadas por trabajadores de la empresa privada a través de licitaciones públicas, se endurezcan las clausulas particulares de las licitaciones para evitar que las empresas no cumplan con lo establecido en los convenios colectivos y sean penalizadas duramente.

Asimismo, ha solicitado una ampliación de plazas en la relación de puestos de trabajo (RPT) de las citadas categorías, de manera que se revierta la contratación externa por empleo público a través de Ofertas de Empleo Público (OEP) y llamamiento de las respectivas bolsas de trabajo.

CSIF defiende un modelo de prestación del servicio público a la ciudadanía a través de ofertas de empleo público en las que se salvaguarden los principios de igualdad, mérito y capacidad, al tiempo que ha insistido en que estará “muy vigilante para que no vuelvan a producirse situaciones indeseadas que vulneren estas reglas del juego como las que se han producido en el pasado en el seno de la Administración autonómica”.