CSIF denuncia que la Junta vulnera el principio de igualdad en procesos de estabilización entre el personal de la Administración General y el Sector Público Instrumental

• El sindicato critica la falta de criterios análogos y califica de “inadmisible” que el ejecutivo andaluz interprete la normativa en función del profesional al que se le aplique

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha denunciado que la Junta de Andalucía vulnera el principio de igualdad en los procesos selectivos de estabilización del colectivo de empleados públicos. Esta situación además de provocar malestar e importantes consecuencias entre el personal que se enfrenta al proceso para la reducción de la temporalidad, supone una falta de criterios análogos “inaceptable y discriminatorio”, según el presidente del Sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) de CSIF, José Manuel Dorado.

El sindicato argumenta que dependiendo de si se trata de personal laboral temporal del VI Convenio Colectivo, personal indefinido no fijo o personal funcionario interino de la Administración General de la Junta, o por el contrario personal laboral temporal o declarado indefinido no fijo del Sector Público Instrumental, el ejecutivo andaluz propone condiciones diferentes en los baremos de la fase de concurso para acceder a una plaza de empleo pública. Desde el sector “consideramos inadmisible que los informes jurídicos y las sentencias del Tribunal Constitucional relativos al proceso de estabilización que se ha negociado en cumplimiento de lo regulado en la Ley 20/2021 del 28 de diciembre, se interpreten de forma distinta en función del personal al que se le aplique”.

Para el sector de AGJA de CSIF estas diferencias “inexplicables” entre el personal de la Administración General y del Sector Público Instrumental supone competir de forma desigual en el acceso a un proceso de estabilización. Desde el sindicato “rechazamos rotundamente” que criterios como la reserva del cupo para personas con discapacidad y la experiencia en puestos similares se valore con unos porcentajes tan dispares en función del ámbito de aplicación; dándose la circunstancia de que en unos procesos selectivos la experiencia se valora en un porcentaje cercano al 50% mientras que en otros suponen el 75%

Además, el dirigente sindical recuerda a la Administración que la judicialización de los procesos por incumplir con el principio de igualdad en el acceso al empleo público puede provocar la frustración del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como el compromiso adquirido por parte del Gobierno central con la Comisión Europea en cuanto a la aprobación de reformas estructurales en el ámbito del empleo público y generará sus consecuencias negativas con respecto a los fondos europeos.