La Inspección de Trabajo exige a la Junta actuaciones concretas contra los graves riesgos para la seguridad en la sede judicial de Marbella, tras la denuncia de CSIF

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía deberá adoptar medidas concretas para garantizar la seguridad y salud de trabajadores y usuarios de la sede judicial de la Avenida Mayorazgo de Marbella, que alberga los juzgados de instrucción, Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal. Así lo recoge el requerimiento que la Inspección de Trabajo ha realizado tras la denuncia de CSIF, en noviembre de 2023, en la que alertó de los graves incumplimientos en materia preventiva en este centro. Además, la Inspección de Trabajo ha establecido el 28 de febrero de 2025 como fecha tope para que se acometan estas actuaciones, necesarias para garantizar la seguridad y salud de personas trabajadoras y usuarias que acuden a estas dependencias.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, denunció entonces los graves incumplimientos en materia de seguridad detectados en esta sede judicial, que carece de los medios preventivos necesarios en caso de incendio, así como de medidas que garanticen la seguridad y movilidad para personas con discapacidad funcional establecida en la normativa.

Además, los dos ascensores del edificio presentan continuos problemas de funcionamiento. De hecho, uno de ellos ha permanecido averiado durante meses, mientras que el otro presenta constantes bloqueos, por lo que se requiere de forma frecuente la intervención del cuerpo de Bomberos de Marbella.

Un año después, la Inspección de Trabajo ha dado la razón a CSIF y ha requerido a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía para que proceda a “instalar nuevos ascensores; adoptar medidas de protección contra incendios de carácter pasivo en los términos fijados por la evaluación de riesgos; y realizar y documentar un simulacro, todo ello en fecha tope de 28 de febrero de 2025”. Además, ha requerido que “con carácter inmediato, garantice que las zonas donde se ubican las redes de mantenimiento anexas a los ascensores se encuentran cerradas, asegurando que únicamente puede acceder a las mismas personal autorizado”.

Como denunció entonces CSIF, que previamente reclamó sin éxito actuaciones a la Delegación territorial de Justicia en Málaga, los incumplimientos detectados en esta sede judicial suponen un “tremendo riesgo en caso de un eventual incendio, especialmente para las personas con movilidad reducida”. Cabe recordar los numerosos incidentes ya registrados donde los propios funcionarios han tenido que intervenir para auxiliar a ciudadanos y policías que han quedado atrapados en el ascensor.

Este edificio, de cinco plantas de altura, carece de escalera antiincendios, por lo que en, caso de producirse, tanto los trabajadores como los usuarios del mismo se encontrarían expuestos a un grave riesgo para su seguridad. A este respecto, CSIF señala que estas dependencias llegan a albergar más de 250 personas en hora punta, que ante una situación de peligro extremo como la descrita sólo podrían evacuar el edificio por la única escalera que existe en el mismo. A ello se suman los constantes cortes de electricidad en el edificio por subidas de tensión, que a su vez comportan un grave riesgo de incendio, ya que el cuadro eléctrico está ubicado en uno de los archivos, cerrado, atestado de cajas con expedientes y sin extintor.

Para CSIF, el requerimiento formulado por la Inspección de Trabajo avala las denuncias realizadas por la central sindical, evidenciando las numerosas irregularidades e incumplimientos en materia preventiva así como los consecuentes riesgos para personas trabajadoras y usuarias. Al mismo tiempo, la central sindical destaca y agradece la labor de la unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación territorial de Justicia, cuya intervención y elaboración de los necesarios informes previos ha sido clave para agilizar la resolución de esta situación.

Finalmente, la central sindical critica que tales situaciones de exposición a riesgos se produzcan de una forma tan flagrante en unas dependencias como estas, con un alto trasiego diario de personas, cuya seguridad y salud no ha sido garantizada por parte de la Administración de Justicia.

Licitación desierta para renovar los ascensores

El lamentable estado actual de estas instalaciones es producto de años de abandono y dejadez por parte de la Administración. Muestra de ello es la licitación para acometer las obras de sustitución de los ascensores, con un presupuesto desactualizado, de 2021, con un plazo de presentación de ofertas hasta el 22 de marzo de 2024 y que finalmente quedó desierta, como era previsible cuando se elaboró el pliego de condiciones. Precisamente este miércoles, en una reunión del Comité de Seguridad y Salud de la Delegación territorial de Justicia, la Administración ha informado un nuevo proyecto con un aumento de 67.000 euros y que eleva el total a 240.000 euros, cuyo plazo de presentación termina este jueves, tramitado por la vía de urgencia.

CSIF Justicia Málaga confía en que el proyecto se ejecute con celeridad para cumplir el plazo de febrero de 2025 fijado por la Inspección de Trabajo, y que estas actuaciones imprescindibles se lleven a cabo en tiempo y forma.  La central sindical permanecerá vigilante para que se resuelvan a la mayor brevedad las irregularidades actuales que ponen en riesgo la protección de trabajadores y trabajadoras y la ciudadanía en la sede judicial marbellí.