Propuestas para equiparar los derechos del PDI laboral con los del PDI funcionario

La LOSU afirma en su Preámbulo que  “garantiza la equiparación de derechos y deberes académicos del profesorado funcionario y laboral permanente”. Sin embargo, tras un año desde su entrada en vigor, el escenario de precariedad e inestabilidad del PDI laboral sigue lastrando este objetivo y muestra un panorama alarmante e inaceptable.

La falta de financiación por parte de las Administraciones Estatal y Autonómica para la aplicación y desarrollo de la LOSU se ha convertido en la excusa perfecta para que las universidades no pongan en marcha las necesarias medidas para la estabilización, promoción y renovación de las plantillas del Personal Docente e Investigador.

Con esta situación, resulta muy difícil facilitar alcanzar los objetivos que CSIF considera fundamentales como son el relevo generacional, acabar con la temporalidad y asegurar la estabilización del profesorado. Compartimos con la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades sus declaraciones sobre que  “la universidad no puede ser una isla de precariedad ni de temporalidad en nuestro país”.

Por lo tanto, desde CSIF no nos conformamos con seguir manteniendo un status quo inaceptable y planteamos al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades las siguientes prioridades (se adjunta cartel) para empezar a equiparar los derechos del PDI laboral con los del PDI funcionario:

1º) Financiación suficiente para la estabilización y promoción del PDI laboral permanente y temporal. Imprescindible para conseguir que el profesorado con contrato laboral temporal no supere el 8% de la plantilla de PDI de las universidades (ahora supone el 49%), básica para llevar a cabo los programas de estabilización y promoción, necesaria para adaptar el régimen de dedicación.

2º) Normativa nacional que permita el acceso, reconocimiento y cobro de Quinquenios y Sexenios para todo el PDI laboral permanente y temporal. No podemos seguir desobedeciendo Directivas Europeas o retrasando su aplicación recurriendo en escala a los Tribunales de Justicia. Tampoco es de recibo que cada universidad vaya por su lado creándose desigualdades vergonzosas e inadmisibles.

3º) Frenar la precariedad de los Profesores Asociados con una subida retributiva digna y la promoción a las categorías superiores a las que esté acreditado. Desde CSIF lamentamos que el Gobierno vaya a facilitar retrasar hasta 3,5 años la realización de contratos indefinidos al Profesorado Asociado.

4º) Soluciones generales al tema de la compatibilidad y la gestión de las bolsas de Profesores Sustitutos. Desde CSIF ya alertamos que la figura del Profesor Sustituto -sin financiación y sin una normativa adecuada- genera dudas y problemas y tiene el potencial riesgo de convertirse en una nueva bolsa de precariedad.

5º) Los acreditados a Contratado Doctor (CD) deben obtener la acreditación a Titular de Universidad (TU) sin necesidad de solicitarla. En la LOSU subyace y así se nos manifestó siempre en el Ministerio de Universidades que CD y TU son figuras idénticas, solo que una es laboral y la otra funcionarial. Ante esta situación y en pura lógica,  desde CSIF pedimos que si las figuras van a ser iguales, las acreditaciones deben ser equivalentes.

6º) Normativa nacional que reconozca al Personal Investigador laboral su derecho a cobrar los trienios en las mismas condiciones que el resto del PDI laboral, sin importar la figura de contratación. En esa  misma línea, todos los investigadores laborales de las universidades sean predoctorales o postdoctorales, deben percibir -sin necesidad de reclamarlos- los incrementos retributivos establecidos para el personal al servicio del sector público.

Además de nuestra reiterada exigencia de negociar y aprobar el Estatuto del PDI, estas reivindicaciones de CSIF son sensatas y razonables, y buscan acabar con la discriminación y la desigualdad que impera entre el Personal Docente e Investigador con contrato laboral en muchas universidades públicas.

El Gobierno tiene que aprobar normativas generales que consigan la equiparación de derechos que establece la LOSU, eviten actuaciones arbitrarias y reconozcan lo establecido en Directivas Europeas y en sentencias de los Tribunales de Justicia.