Los funcionarios de Justicia están llamados a una huelga indefinida a partir del día 22 de mayo y el 25 habrá una gran manifestación en Madrid

Los 45.000 funcionarios/as de justicia de toda España (el 93 por ciento de la plantilla de esta Administración) están llamados a una huelga indefinida a partir del próximo día 22 de mayo y el 25 del mismo mes habrá una gran manifestación en Madrid. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) -sindicato mayoritario en la Justicia- junto a STAJ, CCOO y UGT, damos al Ministerio de Justicia diez días de plazo para que presente una oferta económica o seguiremos con estas movilizaciones que paralizan la Administración de Justicia..

 

Hoy, miércoles 10 de mayo, está convocada una nueva jornada de huelga de 24 horas, la décima desde que comenzó el conflicto, para exigir un incremento salarial, en relación con las funciones que este colectivo realiza a diario. Coincidiendo con esta jornada de huelga, delegados sindicales de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) -sindicato mayoritario en la Justicia- junto a STAJ, CCOO y UGT, se han concentrado horas frente al Ministerio de Justicia.

 

Una delegación de estas organizaciones sindicales ha registrado en Moncloa una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, emplazándole a que autorice una oferta económica que reconozca las funciones que realizan cada día los funcionarios, y a negociar el contenido de los proyectos de ley de Eficiencia. CSIF también ha recurrido el acuerdo firmado el pasado abril entre Función Pública y los letrados por vulneración del derecho fundamental de libertad sindical en la negociación colectiva.

 

Exigimos que el Gobierno ponga ya encima de la mesa una propuesta económica concreta para negociar, de la misma manera que se está haciendo con jueces y fiscales. Mientras tanto, se mantienen las jornadas de huelga para los días que restan de movilizaciones: 11, 16, 17 y 18 de mayo, a las que se sumará la huelga indefinida a partir del 22 de mayo.

 

Los funcionarios exigen una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario, en concreto de entre 350 y 430 euros. Esta subida se llevaría a cabo a través del concepto ‘Complemento general del puesto’, una retribución básica ligada a sus funciones, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen.

 

Lamentamos los perjuicios que está provocando esta huelga a los ciudadanos (ya se han paralizado más de 10 millones de expedientes administrativos y decenas de miles de juicios), pero el Gobierno es el único responsable del colapso que se va a provocar en la Justicia