CSIF considera “insuficientes” los presupuestos para 2025 y acusa al Gobierno andaluz de no cumplir los compromisos pendientes con los empleados públicos

• El sindicato denuncia que las cuentas autonómicas no incluyen la recuperación de las Ayudas de Acción Social ni la parte autonómica de las pagas extra de 2013 y 2014
• Reclama un refuerzo de los servicios públicos y partidas presupuestarias que mejoren las condiciones laborales de los trabajadores

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha calificado los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2025 de “insuficientes” ya que “no servirán para reforzar los servicios públicos ni para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que los sustentan”.

Así lo ha manifestado este lunes la vicepresidenta de CSIF Andalucía, Yolanda Salgado, durante su intervención en la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos para hacer una valoración del Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2025, en la que la dirigente sindical ha acusado al Gobierno de Juanma Moreno de “dar la espalda a los empleados públicos y no cumplir con los compromisos pendientes”, refiriéndose a la recuperación de las Ayudas de Acción Social y de la parte autonómica de las pagas extra de los ejercicios 2013 y 2014.

La vicepresidenta de CSIF-A ha explicado que “la tónica general de estas cuentas es hacer más con menos, manteniendo unas plantillas mermadas y sobrecargando de trabajo a los servidores públicos”, ante lo que ha exigido al Gobierno andaluz que elimine el artículo 13 del Proyecto de ley que deja a la excepcionalidad las contrataciones de personal laboral y estatutario temporal y de funcionario interino. “Es necesario que se puedan realizar las sustituciones pertinentes para dejar de asfixiar a los profesionales y para atender a la ciudadanía como se merece”, ha subrayado Salgado.

Asimismo, la central sindical ha pedido medidas transversales en material de igualdad, acoso escolar, acceso digital y violencia de género que apuesten por la educación como medida preventiva y para las que se cuente con perfiles con formación específica en Psicología o Pedagogía, entre otros, en vez de sobrecargar al profesorado.

Servicios públicos con déficit crónico de personal

En el ámbito de la sanidad, CSIF ha denunciado que “el incremento presupuestario del 6,9% que el Gobierno anuncia a bombo y platillo no es suficiente para hacer frente al aumento estructural de personal que necesita el SAS”, que el sindicato cifra en 30.000 profesionales. De igual manera, Salgado ha reclamado que las cuentas autonómicas den respuesta a los pactos de Atención Primaria y Carrera Profesional, firmados en 2023, y que permitan reforzar las plantillas en hospitales para combatir la sobrecarga de trabajo y las largas listas de espera.

CSIF ha manifestado que es “inaceptable” que la Junta aplique recortes a sus profesionales, como la reducción del complemento de rendimiento profesional en el SAS, “mientras observamos que la apuesta por la colaboración público-privada crece un 21,5%, cifra significativamente superior al 6,9% de incremento global del presupuesto destinado a sanidad, algo que también pasa en el ámbito educativo, con un 8% más para la concertada mientras el crecimiento general es del 3,5%”.

Respecto a educación, Salgado ha reclamado partidas presupuestarias que reviertan en una mejora de las condiciones del personal. “Hay que priorizar el incremento de plantillas y la bajada de ratios para poder ofrecer una atención personalizada a un alumnado cada vez más diverso”, ha explicado la dirigente sindical, quien también ha apuntado a la reducción de la burocracia y a medidas para la promoción del profesorado, como la implantación de la carrera profesional o las convocatorias para el acceso al Cuerpo de Catedráticos para el profesorado de Educación Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y Artes Plásticas y Diseño.

En materia de Justicia, CSIF ha recordado que “Andalucía cuenta con una Administración lenta e ineficaz, para la que se requieren, al menos, 400 nuevas plazas orgánicas”. De igual manera, la central sindical ha reclamado mejoras laborales como “la actualización del Complemento Específico Autonómico o el de Productividad, al igual que se ha hecho en otras comunidades”.

Salgado también ha señalado que la Administración de Justicia seguirá sin un sistema de carrera profesional y que continúa pendiente completar la implementación del servicio de guardias de los Cuerpos Generales en los Institutos de Medicina Legal.

En cuanto a la Administración General de la Junta de Andalucía, además del déficit de plantilla, CSIF ha resaltado que los presupuestos no contemplan la actualización de las cuantías percibidas. “Llevamos más de dos décadas a la espera de que se revisen los complementos del personal funcionario y del personal laboral”, ha lamentado Salgado.

La vicepresidenta autonómica ha añadido que el proyecto tampoco incluye, por ejemplo, la implantación del concurso abierto y permanente, ni medidas dirigidas a fomentar la interoperabilidad entre administraciones, “que serviría para recortar tiempos en ámbitos como la atención a la dependencia”, así como tampoco se contempla una cuantía económica para la acordada reclasificación del colectivo de celadores forestales.

Por último, CSIF Andalucía ha hecho referencia a la Ley de Participación Institucional, que actualmente se encuentra en trámite en el Parlamento de Andalucía. Salgado ha expresado la decepción de la central sindical, que esperaba "una ley que fuese moderna y ajustada a la nueva realidad de Andalucía" y que viene a perpetuar "a los sindicatos de clase, a quienes el Gobierno va a dar voz y les va a permitir tomar decisiones en cuesitones tan importantes como la sanidad, la educación, la justicia y la Administración General, ámbitos en los que los porcentajes de representatividad son ridículos e incluso nulos". La dirigente sindical ha subrayado que el Ejecutivo andaluz "vuelven a incumplir su compromiso por falta de valentía política, convirtiendo la participación institucional en una fuente de financiación y una serie de privilegios , creyendo con ello pagar la paz social".

En resumen, la central sindical ha denunciado que “los presupuestos de Andalucía para 2025 consagran los recortes a los derechos de los empleados públicos para cuadrar unas cuentas que, paradójicamente, el Gobierno califica de expansivas”.