CSIF traslada al PSOE las críticas a los acuerdos con los partidos y las prioridades de las/os empleados públicos en la nueva legislatura

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) mantuvo hoy una reunión con la secretaria de Función Pública del PSOE, Llanos Castellanos, para abordar las prioridades de las/os empleados públicos de cara a la nueva legislatura y los aspectos que rechazamos en los acuerdos de investidura. La responsable socialista escuchó las reivindicaciones de nuestra organización y se comprometió a trasladarlas a los futuros responsables del área en cuanto haya Gobierno y a favorecer la interlocución. Sobre los acuerdos de investidura, CSIF defiende la independencia de los jueces, el ordenamiento jurídico vigente y el sometimiento de todos por igual al imperio de la Ley. Las administraciones deben ser garantes de los principios que sustentan nuestro modelo de Estado social, democrático y de derecho y las/os empleados públicos trabajan siempre para garantizar la equidad en el acceso a los servicios que reciben nuestros ciudadanos En este sentido, desde CSIF defenderemos la justicia financiera entre territorios para evitar que se produzcan diferencias en la calidad de la prestación de los servicios públicos y rechazamos aspectos como la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, la cesión de competencias en materia de empleo público, así como en la homologación de títulos universitarios o la gestión de la formación especializada en el Sistema Nacional de Salud. Por lo demás, consideramos que el Gobierno debe hacer una apuesta decidida para detener el deterioro progresivo que han sufrido los servicios públicos desde el inicio de la pandemia en todos los ámbitos (sanidad, educación, justicia, Administración del Estado, Seguridad Social, SEPE, Agencia Tributaria, Prisiones…), así como para mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en nuestras administraciones, implantando la jornada de 35 horas semanales y un nuevo acuerdo salarial, entre otras. El Gobierno debe abordar reformas estructurales, diseñar unos presupuestos y la oferta de empleo público para el próximo año para reforzar plantillas por encima de las jubilaciones y eliminar, por tanto, la tasa de reposición. Además, hay que compensar el esfuerzo de las/os trabajadores de nuestras administraciones públicas que, pese a su labor fundamental durante y después de la pandemia, han seguido perdiendo poder adquisitivo (sólo en los dos últimos años han perdido un 5,5 por ciento de poder de compra y más de un 20 por ciento desde 2010, cuando se produjo el recorte salarial que aún se mantiene). Hay que negociar por tanto un nuevo acuerdo salarial porque ha quedado desfasado y mejorar las condiciones de jubilación.