Autoridad Portuaria bloquea la libertad sindical e impide realizar una asamblea para los trabajadores

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que la Autoridad Portuaria de Las Palmas bloquea la libertad sindical al prohibir realizar asambleas. Para el sindicato, se trata de un atentado a los derechos de los trabajadores y sus representantes sindicales.

 

A pesar de que el Comité de Empresa  cumplió con todos los requisitos legales establecidos en Convenio para la celebración de la asamblea de los trabajadores, el mismo día señalado para su celebración, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, mediante correo dirigido a toda la plantilla, prohibió la realización de la misma.

En ese correo, asombrosamente, la presidenta de la entidad razonaba su decisión al no haberse llegado a un acuerdo con la Jefa de RRHH Carmen Gloria Rodríguez, para que las actividades que se lleven a cabo en el puerto no se vieran alteradas debido a la asamblea. CSIF insiste en que no existe norma alguna que obligue a los representantes de los trabajadores a negociar la convocatoria de una asamblea, más allá de comunicarla en tiempo y forma.

Para que la actividad laboral no se vea afectada, la empresa tiene la potestad organizativa de establecer unos servicios esenciales. Así se ha hecho antes de la llegada de Beatriz Calzada al frente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Nunca hubo algún directivo del puerto que se atreviese a prohibir una asamblea de trabajadores. Ni siquiera aquellos cargos dirigentes de las antiguas Juntas del Puerto, en los primeros años de la transición política,  osaron poner en duda ese derecho de los trabajadores.

Para mayor infamia, desde la gerencia de la empresa, se dieron instrucciones a la policía portuaria para que se investigase si el día señalado para la asamblea, se encontraban reunidos trabajadores con los miembros del Comité de Empresa con la intención de castigar a los participantes.

CSIF juzga descabellado que una representante pública, como lo es Beatriz Calzada, se pueda permitir prácticas antidemocráticas y represivas, propias de otros tiempos ya superados.

La temeraria decisión tomada por la Presidenta, entendida como un claro caso de abuso de autoridad, y una flagrante violación de los derechos de los trabajadores, nos obliga al margen de ponerlo en conocimiento de la ciudadanía, a remitir el caso a los servicios jurídicos del sindicato, a fin de dirimir si se estaría vulnerando la la Ley Orgánica de Libertad Sindical, así como derechos fundamentales consagrados en la misma Constitución Española

 

CSIF se pregunta si este es el ejemplo de buen gobierno y de una administración del siglo XXI y si, el presidente de la Comunidad autónoma, el Sr. Fernando Clavijo, comparte lo que sucede en la Autoridad Portuaria de Las Palmas desde la llegada de la nueva rectora, que tiene su culmen con los tristes acontecimientos de los que hemos sido testigos estos días.

 

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