CSIF advierte sobre la paralización de procesos judiciales por la falta de profesionales en los Equipos Técnicos de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, alerta de que la falta de profesionales de los Equipos Técnicos de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) ralentiza los procesos judiciales e incluso llega a paralizarlos.

Estos Equipos Técnicos multidisciplinares están formados por psicólogos, trabajadores sociales y educadores que pertenecen al Personal Laboral del IV Convenio Único de la Administración General del Estado (AGE) y prestan su servicio en los IMLCF, órgano técnico adscrito al Ministerio de Justicia que cuenta con centros en todas las provincias de Castilla-La Mancha, cuya misión principal es auxiliar a la Administración de Justicia en el ámbito de su disciplina científica. 

Su labor es esencial, puesto que elaboran informes periciales de gran complejidad y trascendencia para las personas implicadas en un proceso judicial, tanto en asuntos de familia como son los procesos de guarda y custodia, régimen de visitas, impugnación de tutelas, adopciones etc., como en asuntos penales relacionados con la violencia de género, delitos contra la libertad sexual, valoración del daño psíquico y social. Además, los psicólogos forenses también realizan las pruebas preconstituidas de menores y personas con algún tipo de discapacidad que son víctimas de delitos de violencia sexual o violencia doméstica y, en el caso de menores infractores, el informe técnico es preceptivo según se recoge en el Reglamento de la LO 5/2000 de Responsabilidad Penal del Menor.

La presidenta del Sector de Administración General del Estado de CSIF Castilla-La Mancha, Sofía Molina, subraya que “sin ellos no se pueden emitir sentencias, por lo que si no hay un informe del equipo psicosocial se paraliza literalmente la justicia, son un eslabón muy importante en la cadena judicial, y sin embargo están totalmente abandonados. La cantidad de trabajo es enorme y son muy pocos, están desbordados”.

Hay un déficit estructural de personal y muchas plazas se quedan desiertas por las malas condiciones laborales y salariales de estos profesionales, debido a que no se cubren las bajas por enfermedad ni las jubilaciones, así como tampoco se les está pagando los complementos salariales que les corresponden por su especial responsabilidad y cualificación técnica, motivo por el que se está produciendo una  gran movilidad a otros ministerios y administraciones regionales donde sí perciben estos complementos y que, en algunos casos, puede llegar a superar el 40% de las retribuciones.

De las 10 plazas del IMLCF de Toledo (5 psicólogos, 4 trabajadores sociales y 1 educador), actualmente quedan por cubrir cinco plazas; es decir, la mitad de la plantilla. En Albacete, con 3 psicólogos, 2 trabajadores sociales y un educador, falta una vacante por cubrir; en Ciudad Real hay dos vacantes en una plantilla formada por 4 psicólogos, 4 trabajadores sociales y 2 educadores sociales; en Guadalajara, con 3 psicólogos, 2 trabajadores sociales y un educador, hay una vacante no cubierta; en Cuenca también hay otra vacante para 3 psicólogos, 3 trabajadores sociales y otro educador social. A estas plazas no cubiertas hay que sumar al personal que se encuentra de baja, incidiendo en que la ausencia de alguna de las categorías imposibilita la presentación de los informes.

A pesar de esta situación, el Ministerio de Justicia prefiere externalizar la mayoría de periciales relacionadas con asuntos de familia donde hay menores implicados, en vez de aumentar las plantillas y mejorar las condiciones laborales de estos profesionales.

Molina argumenta que “son profesionales con una enorme responsabilidad y sin embargo son maltratados, muchos abandonan en busca de mejores empleos, y además quien sufre esta situación son las personas que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia, incluso en menores con casos dramáticos con abusos sexuales, y que están inmersas en un proceso penal, personas que están viviendo situaciones terribles y que ven que su juicio no se celebra porque falta un informe”.