La Ley de Simplificación y Agilización Administrativa de Castilla-La Mancha que está preparando el Gobierno Regional de Castilla-La Mancha supone un gran riesgo de privatización para los servicios públicos

CSIF, STAS, CCOO y UGT, organizaciones sindicales representativas en la Mesa Sectorial de Personal Funcionario de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, han reclamado hoy una reunión urgente con el vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, y el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, para abordar la privatización de los servicios públicos que supondrá la futura Ley de Simplificación y Agilización Administrativa de Castilla-La Mancha.

Esta Ley, que actualmente se encuentra en anteproyecto de Ley a la espera de su tramitación en las Cortes de Castilla-La Mancha, introduce la figura de las entidades colaboradoras: empresas privadas que llevarán a cabo todo el procedimiento administrativo en determinados ámbitos que actualmente competen en exclusiva a Función Pública.

Desde CSIF Castilla-La Mancha, su secretaria de Negociación, Victoria Ortiz, explica que “la entrada de estas entidades supondría privatizar las funciones de la Administración. Van a llevar a cabo procedimientos que son propios de los empleados públicos. En lugar de aumentar las plantillas dedicadas a la sanidad, los servicios sociales, medio ambiente, cultura o empleo, entre otros, se da entrada a empresas privadas a cualquier ámbito público”.

Los cuatro sindicatos no cierran las puertas a las movilizaciones y de hecho recuerdan las masivas manifestaciones llevadas a cabo en 2012 en defensa de los servicios públicos de Castilla-La Mancha frente a los recortes llevados a cabo por María Dolores de Cospedal.