Día Mundial de la Seguridad y salud en el Trabajo. 28 de abril. No es un juego, es nuestra vida. Si incumples eres responsable

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SST) que se celebra el 28 abril con el lema “NO ES UN JUEGO, ES NUESTRA VIDA. SI INCUMPLES ERES RESPONSABLE.” Queremos alzar la voz por la defensa de un derecho fundamental que aún hoy no está plenamente garantizado en todos los centros de trabajo: el derecho a una vida laboral segura, saludable y digna. De hecho 2024 ha sido un año negro como muestran las cifras de siniestralidad laboral de las estadísticas.

Este día no es solo una jornada para recordar a quienes han perdido su vida o su salud en el ejercicio de su trabajo, sino también una llamada urgente a la acción, la responsabilidad institucional y la prevención real. Nos impulsa a exigir medidas concretas para revertir las alarmantes cifras de siniestralidad laboral y a construir un futuro laboral basado en la prevención y la responsabilidad compartida.

En el sector público, cada día miles de trabajadoras y trabajadores arriesgan su integridad por sobrecarga de trabajo, agresiones de todo tipo en la Sanidad y centros penitenciarios, colegios con ratios elevadas y situaciones de conflicto, centros de menores sin seguridad, emergencias sin equipos suficientes, oficinas administrativas saturadas, limpieza, mantenimiento y tantos otros servicios esenciales. Lo que no se ve también duele.

Este año tenemos que rendir homenaje a las víctimas de la Dana en Valencia, donde también fallecieron empleados públicos dando lo mejor de sí mismos como siempre para salvar vidas; la trágica muerte de una trabajadora social en el centro de menores de Badajoz; las centenares de agresiones en prisiones y el asesinato de una cocinera en Tarragona; el asesinato en Barbate de guardias civiles embestidos por una narco lancha; el atropello de agentes en un control de tráfico en Los Palacios (Sevilla), por no hablar de los suicidios registrados en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Tampoco podemos olvidarnos este año de los cinco mineros fallecidos y cuatro heridos recientemente en la mina de Cerredo (Asturias), el más grave de este siglo. Todos ellos realizaban labores de interés público en la investigación, desarrollo y explotación de recursos mineros y energéticos.

Los poderes públicos tienen la obligación de proteger a las personas empleadas públicas garantizando entornos de trabajo seguros y respetuosos, fomentar una cultura preventiva basada en la formación y la concienciación; actualizar y aplicar normativas y protocolos y reconocer el valor del trabajo público, visibilizando el esfuerzo.

La siniestralidad laboral no solo se mide en accidentes visibles, sino también en todos aquellos accidentes y enfermedades profesionales que no se comunican. Los riesgos psicosociales, la sobrecarga crónica, el estrés continuo, el acoso, las agresiones a profesionales o la exposición a agentes biológicos o tóxicos siguen siendo invisibilizados y normalizados. Y en muchos casos, son consecuencia directa de una infrafinanciación estructural, de recortes de personal, de la falta de protocolos de prevención efectivos y de una cultura de “resistencia” impuesta a quienes están al servicio público.

Siniestralidad laboral y enfermedades profesionales

Los datos de siniestralidad laboral publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en el avance de enero-diciembre de 2024 reflejan una realidad preocupante que no podemos normalizar. Cada día 3.236 personas trabajadoras se accidentan y 2 fallecen durante su jornada laboral. En 2024 se registraron 1.181.202 accidentes laborales en España, de los cuales 628.300 provocaron baja laboral y 87.986 fueron accidentes ‘in itinere’.

Más grave aún es el dato de 796 personas fallecidas en accidentes laborales, lo que supone un incremento del 10,4% respecto a 2023, con 75 víctimas mortales más.

Desde CSIF exigimos al Gobierno y administraciones competentes las siguientes medidas de forma urgente:

• Reformas legislativas: la actualización de la Ley 31/1995 de PRL para que se adapte a la nueva realidad del mundo laboral, ampliación del cuadro de enfermedades profesionales, incluyendo patologías relacionadas con trastornos mentales; y aprobación de un real decreto de riesgos psicosociales que ayuden al cuidado de la salud mental.
• Regulación de la carga de trabajo de los servicios de prevención, estableciendo ratios mínimas de profesionales que se ajusten a las necesidades para una gestión integral preventiva.
• Dotar de crédito horario específico para el delegado de prevención, ya que donde existe presencia sindical se garantiza mayor seguridad y salud.
• Fortalecimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para aumentar los recursos destinados a campañas específicas, asesoramiento y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
• Protocolos eficaces contra la violencia en el trabajo y el acoso en cualquiera de sus formas, especialmente en los colectivos más vulnerables como sector sanitario, docentes, prisiones y servicios sociales.
• Incorporación de profesionales de psicología en los Servicios de Prevención, así como mediadores para la gestión de conflictos.
• Endurecimiento de las sanciones en materia de prevención, incluida a la propia administración en sus incumplimientos.
• Integración de la edad, diversidad generacional, y perspectiva de género.
• Potenciar la formación en PRL e incluirla como obligatoria en grados universitarios y sistema nacional de cualificaciones profesionales.
• Mayor protección ante los riesgos ligados a la digitalización y la Inteligencia Artificial.
• Actualizar los equipos de trabajo y mejorar las condiciones de seguridad en los entornos laborales para reducir la siniestralidad.
• Mayor protección frente al cambio climático con protocolos específicos que deben integrarse en los planes de prevención, especialmente para quienes trabajan al aire libre.

Por una cultura preventiva real, no simbólica. No podemos permitir que la seguridad en el trabajo sea solo un eslogan una vez al año. Exigimos una cultura preventiva transversal, con voluntad política, con recursos suficientes y con participación real de los trabajadores y sus representantes. Y en la memoria de los que ya no están, reivindicamos con más fuerza que ninguna muerte o enfermedad derivada del trabajo debe ser el precio de trabajar.

CSIF considera necesario ampliar la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo incorporando las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en alguno de los ámbitos (empresa privada y sector público), pudiendo así estar presentes como sindicato más representativo de las administraciones públicas.