CSIF analiza con el Grupo Popular en el Congreso los problemas de las administraciones públicas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha mantenido una reunión con el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso para abordar las prioridades del conjunto de empleados públicos en materia laboral, y los problemas en la asistencia sanitaria en Muface por la no renovación del concierto con las aseguradoras.

Nuestras prioridades pasan por la necesidad de un nuevo acuerdo salarial que permita aplicar una subida automática en 2025, una oferta de empleo público para este año sin tasa de reposición y hacer balance de los procesos de estabilización en las administraciones públicas.

CSIF ha solicitado formalmente al ministro de Función Pública, Óscar López, la convocatoria de la Mesa General de las Administraciones Pública para negociar de manera inmediata la subida salarial. Llevamos perdido más de un 6 por ciento desde 2022 y un 20 por ciento desde la bajada de sueldo de 2010. Precisamente hoy se conoció el IPC de febrero, que subió hasta el 3 por ciento, lo que eleva la pérdida retributiva en 9 puntos desde la firma del último acuerdo salarial.

CSIF entiende que los salarios de los empleados públicos deben de actualizarse todos los años de manera automática en enero, como ocurre con las pensiones o el salario mínimo interprofesional, con un porcentaje adicional, por encima del IPC, para recuperar el poder adquisitivo.

Además, tenemos que negociar la oferta de empleo público para este año sin tasa de reposición, hacer balance del proceso de estabilización (la temporalidad sigue estando el 28 por ciento, según la última EPA), equiparación salarial entre administraciones, jornada de 35 horas semanales en el conjunto del Estado, adecuación de los grupos profesionales, carrera profesional y mejora en las condiciones de jubilación, regulando de manera inmediata la jubilación parcial para funcionarios y estatuarios.

Respecto a Muface, CSIF advirtió de que se siguen produciendo problemas en la atención sanitaria, con la denegación de pruebas, citas e intervenciones quirúrgicas. Nuestra organización sigue asesorando a los mutualistas para que interpongan las correspondientes quejas por escrito tanto a la mutualidad como a las aseguradoras y posteriormente acompañando a nuestros afiliados en las acciones penales que se deriven.  

Por este motivo, CSIF ha reclamado a la Fiscalía General del Estado que investigue estos centenares de quejas, con el objetivo de determinar posibles responsabilidades penales tanto de las compañías como de las personas físicas que pudieran ser autores o partícipes en los hechos denunciados.