CSIF reclama reformas estructurales ante el deterioro de los servicios públicos y de las condiciones laborales: España necesita unos Presupuestos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera que España debe afrontar las reformas que requieren las administraciones públicas, ante el deterioro progresivo de los servicios que reciben los ciudadanos en todos los ámbitos (sanidad, educación, justicia, Administración del Estado, Seguridad Social, SEPE, Agencia Tributaria, Prisiones…) así como de las condiciones laborales de las personas que trabajan en los mismos.

Con motivo del inicio del curso político, del próximo debate de investidura en el Congreso de los Diputados  y de las negociaciones que están manteniendo las diferentes fuerzas políticas, las propuestas de CSIF van dirigidas a los siguientes ejes: mejora salarial; refuerzo del empleo y rejuvenecimiento de plantillas; actualización de la normativa básica para corregir desigualdades entre administraciones (35 horas, implantación efectiva del teletrabajo y la carrera profesional, adecuación de los Grupos Profesionales, igual trabajo igual salario; mejora en las condiciones de jubilación; y financiación adecuada de los conciertos sanitarios en el mutualismo administrativo.

La coyuntura política no puede ser excusa para demorar las reformas que requiere la administración.

 

Plantillas envejecidas y tensionadas

 

La Administración General del Estado (AGE) cuenta con una plantilla envejecida y tensionada en áreas y organismos fundamentales, lo que dificulta la prestación al ciudadano de unos servicios públicos de calidad. Las ofertas de empleo público de los últimos años, aunque han sido cuantiosas, deben complementarse con un plan de empleo a corto y medio plazo para garantizar la sostenibilidad del sistema. De hecho, según datos de la Seguridad Social, en agosto se perdieron más de 11.000 empleos en las administraciones públicas, una cuarta parte de la oferta de empleo público de este año.

La Administración Pública Estatal ha perdido 64.400 trabajadores en 10 años, según el último registro del Boletín Estadístico de Personal (en julio de 2022 había 515.449 trabajadores/as, mientras que en julio de 2012 la plantilla era de 579.892).

 

Esta situación es muy preocupante y está afectando al funcionamiento de servicios clave cuyas plantillas se encuentran muy envejecidas y tensionadas por la carga de trabajo. Así quedó de manifiesto durante la pandemia, cuyos efectos aún lastran nuestras administraciones, como comprueban a diario nuestros ciudadanos y los trabajadores públicos.

CSIF mantiene su preocupación por la sostenibilidad de las administraciones públicas a medio plazo y espera que se conforme un Gobierno que permita diseñar cuanto antes los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año y la oferta de empleo público. En concreto, exigimos las siguientes medidas:

 

• Suprimir la tasa de reposición para contribuir a la creación de empleo neto y el diseño de unas plantillas adecuadas a las necesidades reales de la ciudadanía mediante la planificación plurianual a varios años de las ofertas de empleo público.

 

• Agilizar los procesos selectivos (pueden pasar más de tres años desde la convocatoria de plazas hasta que finalmente los aspirantes se incorporan a sus puestos).

 

• CSIF también está preocupado por la situación de la temporalidad. En la actualidad, según datos de la Encuesta de Población Activa, hay más de 1,1 millones de personas en situación de temporalidad en las administraciones públicas, lo que supone un 31 por ciento del total. Los procesos de estabilización están en marcha y deben estar concluidos a 31 de diciembre de 2024, cuando la tasa de temporalidad no deberá superar el 8 por ciento para dar cumplimiento a los requerimientos de la Unión Europea.

 

Economía y salarios

CSIF rechaza frontalmente el acuerdo de subida salarial para los empleados públicos firmado el pasado octubre para 2022, 2023 y 2024 porque les condena a una nueva pérdida de poder adquisitivo y es totalmente insuficiente. Solo en los dos últimos años los empleados públicos han perdido un 5,5 por ciento de poder de compra y un 20 por ciento desde 2010 cuando se produjo la primera bajada salarial.

Ante esta situación, CSIF exige:

• Renegociar un nuevo acuerdo salarial.

 

• Negociar un acuerdo que permita recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010, y la derogación del Real Decreto-ley 8/2010 para recuperar la estructura salarial de las pagas extras. En este sentido, los partidos del Gobierno de coalición bloquearon en el Congreso, el pasado mes de mayo, una Iniciativa Legislativa Popular presentada por CSIF para derogar esta norma, que actualmente hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional y estamos a la espera de su fallo. Fue una medida que se adoptó con carácter excepcional y como tal debe derogarse. No puede convertirse en normal lo excepcional.

 

• Habilitación de fondos para corregir las desigualdades retributivas entre territorios. A igual trabajo, igual salario.

 

Pensiones

 

El sistema público de pensiones ha tenido tres grandes reformas desde 2011 (todas con apoyo de los sindicatos de clase): primero se amplió la edad de jubilación de 65 a 67 años; posteriormente la reforma de 2021 penalizó las jubilaciones voluntarias; y por último en 2023 se aumentaron los años de cotización a efectos del cálculo de la pensión y se regularon nuevos gravámenes para las personas trabajadoras.

En este sentido, CSIF defiende unas pensiones públicas dignas y que las clases pasivas reciban el mismo tratamiento económico que las del Régimen General, por lo que reclamamos al Gobierno las siguientes medidas:

 

• Inicio de tramitación de la jubilación anticipada para grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica o peligrosa (sanidad, agentes forestales, entre otros).

 

• Regulación de la jubilación parcial para el personal funcionario y estatutario (actualmente no disponen de esta posibilidad).

 

• Incremento de los haberes reguladores de las pensiones de las clases pasivas y un porcentaje adicional del 5 por ciento anual para quien decida prolongar su vida laboral.

 

• La aplicación del complemento de la brecha de género a las jubilaciones parciales y voluntarias; y que las clases pasivas también se beneficien del refuerzo de la cobertura del periodo de excedencia por cuidados familiares.

 

Reforma/desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP)

 

Este texto, en vigor desde 2007, lleva años sufriendo reformas parciales en lugar de someterse a una revisión en profundidad que homogeneice, actualice y modernice aspectos esenciales de las condiciones de trabajo de los empleados/as públicos. CSIF emplaza al Gobierno a que acometa, junto con las organizaciones sindicales más representativas, la negociación del texto manteniendo el espíritu con el que nació y siendo la norma básica del trabajador público. CSIF, entre otras, pide:

 

• La implantación de la jornada laboral de 35 horas.
• El desarrollo de la carrera profesional en la Administración General del Estado y “vincular” al resto de las administraciones que no la han desarrollado.
• Favorecer la Promoción Interna.
• El desarrollo del teletrabajo en el conjunto del Estado.
• La homologación de los permisos y condiciones laborales entre administraciones.
• Igual trabajo igual salario.
• La adecuación de los Grupos Profesionales
• La regulación de la jubilación parcial para los funcionarios y estatutarios.
• La regulación de las lenguas cooficiales como mérito, nunca como requisito.

 

Financiación suficiente para MUFACE, MUGEJU e ISFAS

También queremos que el Gobierno incremente la financiación del concierto sanitario del mutualismo administrativo en MUFACE, MUGEJU e ISFAS correspondiente al periodo 2022-2024 para evitar recortes en la asistencia ante la situación económica y el incremento de los precios. Estamos en una situación desesperada para el modelo, para los mutualistas y para los cientos de miles de trabajadores cuyo puesto de trabajo dependen de que el mutualismo siga existiendo. La administración no quiere solucionar el problema y da la impresión que quieren acabar con el sistema por inanición.

Pendientes del teletrabajo y del protocolo contra el acoso sexual

CSIF firmó en abril de 2021 un acuerdo con el Gobierno sobre el desarrollo del teletrabajo en la Administración General del Estado. Pues bien, más de dos años después, sigue pendiente de aprobación el Real Decreto que debe establecer su regulación. Por este motivo presentamos el pasado febrero una demanda por la vía de lo Contencioso Administrativo contra el Ministerio de Hacienda y Función Pública por retraso injustificado que ha sido admitida por el TSJ y estamos pendientes de su resolución. Emplazamos una vez más al Gobierno para que cumpla lo acordado.

También lleva un año durmiendo en un cajón el protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo en la AGE, cuyo texto CSIF acordó con el Gobierno en noviembre de 2022, y que será un referente al conjunto de la sociedad para poder sancionar situaciones y conductas como la protagonizada por Luis Rubiales al frente de la Federación Española de Fútbol durante el reciente mundial femenino. El texto, que aún está pendiente de aprobación, contempla que los funcionarios denuncien de forma simultánea acoso a través de “comportamientos físicos” como el “contacto físico deliberado y no solicitado”, “abrazos o besos no deseados” y “acercamiento físico excesivo e innecesario y gestos obscenos”.